FUPS y PP llevarán a los tribunales la financiación de Barenys en Salou

La acumulación de cañas, tras una riada, son habituales en la playa de Ponent de Salou. FOTO: EVA ROLDUÀ. - Eva ROLDUÀ

Todo lo relativo al barranco de Barenys levanta más que heridas en Salou. Difícilmente se llegará a un consenso sobre la mejor propuesta para terminar con las inundaciones en el barrio de la Salut y que, además afectan a la playa de Ponent. Mientras que el actual gobierno ha buscado contar con el apoyo de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) para llevar a cabo una salida con 5 brazos a la playa de Ponent la oposición lamenta esta decisión, no sólo por las repercusiones que tendrá para el barrio y la playa, muy especialmente, sino también porque el coste del tramo final (desde la vía férrea hasta la playa) se deberá sufragar al 50% entre el ACA y el consistorio. «Pagarán todos los contribuyentes de Salou beneficiando a promotores y a propietarios», manifiesta Pere Granados, líder de FUPS.
Éste recuerda que «tanto del  POUM como de la Ley de Urbanismo se desprende que las cargas de las obras del desvío y canalización del barranco de Barenys deben imputarse al propio ámbito de planeamiento (Sector 03); es decir, a sus propietarios».
El convenio firmado
La semana pasada se daban a conocer los primeros detalles del convenio que, recientemente, han firmado la administración local y la autónoma en la que ambas se comprometen a que la redacción de los proyectos esté concluida en diciembre del 2009. A pesar de que los proyectos aún deberán esperar, se ha anunciado que antes de acabar el año se iniciarán los trabajos para crear una hinca por debajo de la vía férrea en la calle Barenys , ya licitada y adjudicada por el consistorio  por el importe de 500.000 euros. Lo que para el gobierno municipal resulta «una prioridad» y una «satisfacción» se critica con acritud por la oposición.
Mientras en el anterior mandato se imputaba el coste total de las obras de desvío al promotor del sector 03 esta situación ha cambiado radicalmente. En realidad, con las nuevas ‘cartas encima de la mesa’ el promotor sólo deberá ejecutar la canalización de la zona norte (en el vial de Cavet y  el tren).
La oposición está muy molesta por la actuación del ACA, quien frenó «sistemáticamente» los proyectos de mejora en el anterior mandato y apunta que el gobierno del PSC-CiU-RDS apuesta por dividir la salida de las aguas del barranco en 5 puntos para «evitar la expropiación de unos pocos inmuebles en beneficio de la propiedad privada, sin reparar el riesgo y el perjuicio que supone para todo un barrio y toda una playa».
Ante lo cual, asegura Granados, «si el gobierno municipal insiste en no imputar los gastos de desvío del barranco entre la vía férrea y el mar a los propietarios del Sector 03, FUPS y PP nos veremos obligados a interponer el correspondiente procedimiento contencioso administrativo en defensa de los intereses generales, por incumplimiento de lo establecido en la Ley de Urbanismo y en las previsiones de desarrollo de los sistemas generales establecidas en el POUM».
‘Acaban con el barrio’
Para la oposición, la obra acordada por el actual gobierno y la Generalitat supone efectuar «grandes, complejas y costosas obras de desvío de servicios a la hora de ejecutar los nuevos cajones; exige una gestión compleja de mantenimiento de estas 5 canalizaciones; y lo más peligroso, se crean 5 puntos de salida y por lo tanto se aumenta el riesgo de posibles destrozos por desbordamientos en la playa de Ponent». Además, cuenta Granados que «las rasantes de las calles remodeladas se verán seriamente afectadas dejando el Barrio de la Salut con numerosos vados invertidos y con accesos a viviendas por debajo de la rasante de los viales, con el consiguiente peligro para el barrio y la seguridad de personas y bienes».
En resumen, creen que, en lugar de solucionar las históricas inundaciones, ahondarán en un problema. «El ACA bloqueó durante años las soluciones y proyectos presentados por el anterior gobierno municipal de FUPS y PP».  Y lamentan que «no solamente hicieron perder el tiempo a una administración local, a la que hicieron modificar varias veces los proyectos con muchas condiciones y requisitos técnicos que al final no han servido para nada, sino que ese doble juego irresponsable ha vuelto a perjudicar a las personas y sus bienes».