Acusan al ex alcalde de Salou de filtrar un documento para fines particulares

Imagen de archivo del interventor del Ayuntamiento de Salou, Juan M. Hernández, en el hall del edificio consistorial. FOTO:EDUARD CASTAÑO

El Ayuntamiento de Salou ha encontrado otra ‘anomalía’ que apuntaría nuevamente a la gestión del ex alcalde de Salou Antonio Banyeres (PSC) durante sus dos años de mandato de la presente legislatura. Se trataría, según la documentación a la que ha tenido acceso el Diari, de otro informe jurídico pagado con fondos públicos y que su contenido se ha puesto en manos de los intereses particulares de un trabajador de la ‘casa’ que tiene un litigio abierto contra una decisión plenaria de 2006.

Cabe recordar que el ex alcalde Antoni Banyeres ya forma parte de una investigación de la Audiencia Provincial a raíz de un caso parecido: entregar un informe jurídico pagado por el Ayuntamiento a un particular que mantiene un litigio contra el propio consistorio. La Audiencia reabrió el caso a principios de septiembre.

El origen: julio de 2006

Esta otra ‘filtración’ que se ha detectado hace escasas semanas, según confirman fuentes municipales, tiene su origen en julio de 2006. El entonces gobierno de Salou formado por FUPS, PP y CiU (aún estaba en la coalición gobernante) aprobaba inicialmente la modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo y la reorganización de la estructura del consistorio.
Cabe explicar que el Catálogo de Puestos de Trabajo de un ayuntamiento es el documento marco que define las funciones y retribuciones del personal y que debe convertirse, a posteriori, en Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que es un organigrama más específico tanto en las funciones (fichas descriptivas) como en el complemento específico (retribución correspondiente por función).

Alegaciones y recurso

Tras la aprobación inicial, el interventor del Ayuntamiento de Salou, Juan Manuel Hernández, era una de las personas afectadas por el acuerdo, porque en la modificación se le reducían funciones y el complemento específico correspondiente.

Por ello, presentó alegaciones contra el acuerdo del pleno argumentando que no existía en Salou el Catálogo de Puestos de Trabajo y a raíz de ello era imposible calcular el complemento específico de las funciones que se le retiraban. En septiembre de 2006, el pleno salouense rechazó las alegaciones de Hernández y aprobó definitivamente la modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo y la reorganización laboral del consistorio.
Paralelamente, el Ayuntamiento de Salou ya trabajaba en la redacción del documento más concreto, Relación de Puestos de Trabajo, que se aprobaría en diciembre de ese mismo 2006.

Hernández decidió que era injusta la decisión plenaria y optó por litigar. Presentó un recurso contencioso-administrativo en el Juzgado de Tarragona (septiembre de 2006) defendiendo que, por una parte, no existía un Catálogo de Puestos de Trabajo en el Ayuntamiento de Salou, y por otra que sin este documento organizativo nadie podía calcular la reducción del complemento específico de la supresión de funciones.

El Ayuntamiento de Salou, cuando aprobó definitivamente este acuerdo en el plenario de septiembre de 2006, le equiparó al interventor municipalel complemento específico que tenía en ese momento el tesorero y el vicesecretario del Ayuntamiento.

TSJC y informe externo

Un año más tarde, en septiembre de 2007, con el nuevo gobierno de PSC, RDS y CiU ya en el gobierno municipal de Salou, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Tarragona fallaba a favor del Ayuntamiento de Salou y desestimaba el recurso del interventor. Juan Manuel Hernández seguía sin estar de acuerdo con la decisión judicial, por lo que apeló al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que todavía no ha emitido sentencia.

Sin embargo, la anomalía detectada ahora con el gobierno de FUPS, PP y Convergència (que volvieron al poder tras una moción de censura) es que el interventor –sigue a día de hoy ejerciendo el cargo– amplió la documentación de su recurso en el TSJC (en abril de 2008) gracias a un informe encargado por el Ayuntamiento de entonces –PSC, RDS y CiU– a la empresa Auditors Faura Casas.

El documento de Faura i Casas señala que el Ayuntamiento de Salou, en 2006, carecía propiamente de un Catálogo de Puestos de Trabajo y argumentaba sus conclusiones. Este informe que perjudica los intereses municipales y apoya la postura de Hernández fue puesto en sus manos por el ex alcalde Banyeres, quien le añadió una carta que empieza así: «Benvolgut Joan Manel, et faig arribar, per si és del teu interés….».

Tras detectarse la anomalía, el actual gobierno local se plantea qué debe hacer. Y ante la posibilidad de que aparezcan más tratos de favor, valorará si estas acciones son motivo de denuncia judicial.