Estas podrán rellenarse en las cantidades indispensables para garantizar la calidad sanitaria del agua
La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha anunciado este jueves que la capital catalana declarará todas las piscinas municipales de la ciudad -una cincuentena- refugios climáticos para que puedan abrir en verano.
Así, el consistorio barcelonés da luz verde a una de las opciones que contempla el último decreto de sequía del Govern de la Generalitat de Catalunya, que flexibiliza el rellenado de piscinas públicas y privadas, como las de hoteles y de comunidades de vecinos, para proteger a la ciudadanía de las olas de calor.
De acuerdo con el Ayuntamiento, estas piscinas censadas como refugio climático podrán rellenarse en las cantidades indispensables para garantizar la calidad sanitaria del agua, siempre que se apliquen medidas de ahorro adicionales que compensen el agua que se utilice.
En una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Barcelona, la teniente de alcalde ha afirmado que aunque «ya hay unos precios públicos y vigentes» para la entrada a las piscinas públicas, el gobierno municipal «analizará y creará mecanismos para que todo el que quiera ir a ellas, pueda hacerlo».
«No habrá nadie que quiera ir a una piscina pública y no pueda hacerlo», ha subrayado.
Bonet ha evitado pronunciarse sobre si ampliará esta posibilidad en piscinas privadas: «Antes de entrar en otros terrenos pantanosos en los que no tenemos la letra pequeña, nosotros trabajaremos en el ámbito de nuestras competencias».
En este sentido, ha afeado al Govern el hecho de «improvisar» con el último decreto de sequía, del que ha dicho que «no había un consenso con los ayuntamientos».
«(La decisión del nuevo decreto) nos ha generado sorpresa, decepción y preocupación. Hablamos de un reto importante en los escenarios de sequía que nos encontramos y estas decisiones no contrastadas y a golpe de decreto nos generan una preocupación muy grande», ha denunciado la primera teniente de alcalde.
Otro punto en el que se ha centrado Bonet es el de la desalinizadora flotante que el gobierno autonómico colocará en el Puerto de Barcelona y que, según prevé el Govern, estará activa en octubre.
«(La desalinizadora) costará unos 100 millones de euros. Nos preocupa el impacto que esto puede tener en las inversiones estructurales que necesita el territorio y para las que hay proyectos no ejecutados», ha detallado la titular de Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Ayuntamiento.
En cuanto a la gestión hídrica de Barcelona, Bonet ha destacado el «esfuerzo imprescindible» del consistorio para reducir el consumo de agua, pero ha hecho hincapié en que «hay que seguir trabajando» porque los escenarios futuros «no son favorables» y, con las últimas lluvias, «no es suficiente».
