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Todo lo que hay que saber sobre la ley de amnistía que se vota en el Congreso de los Diputados

El debate se inicia a las 15 horas y salvo sorpresa los partidos defensores de la normativa tendrían los votos suficientes (mayoría absoluta) para superar el primer escollo

29 enero 2024 20:42 | Actualizado a 29 enero 2024 21:05
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El Congreso de los Diputados debate y vota este martes por la tarde la ley de amnistía. El texto que llega al pleno es el que pactaron el PSOE, ERC y Junts durante el trámite en comisión, en que los tres partidos introdujeron un mayor blindaje para impedir que los jueces aprovechen la excepción del terrorismo y el secreto de las actuaciones para invalidar la amnistía a los investigados por el Tsunami Democrático, CDR y de la operación ‘Volhov’.

Fruto de las nuevas maniobras judiciales, Junts y ERC mantienen vivas diversas enmiendas para eliminar cualquier referencia al terrorismo entre las excepciones de aplicación de la ley. De momento el PSOE se niega a introducir ninguna modificación al texto pactado, pero mantiene abiertos los canales de negociación.

La ley ha superado todo el trámite en el Congreso por la vía de urgencia y previsiblemente quedará aprobada con los 178 votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB y BNG. Son los mismos que lo han hecho prosperar a lo largo de todo el proceso en la cámara baja.

Una vez aprobada todavía le queda el trámite en el Senado, que puede durar dos meses, donde previsiblemente será rechazada por la mayoría absoluta del PP. Posteriormente, volverá al Congreso para su aprobación definitiva, posiblemente en abril.

Tiempo del debate

La ley de amnistía es el único punto del orden del día del pleno de esta semana. El debate empezará a las 15 horas con la presentación del dictamen por parte de un diputado de la comisión, que dispondrá de 12 minutos para intervenir. Después los grupos que quieran defender sus enmiendas dispondrán de 7 minutos cada uno, y el resto de grupos también podrán intervenir durante 7 minutos cada uno.

Nuevo sistema de votación

Se prevé que el debate se alargue una hora y media. Una vez acaben las intervenciones de los grupos, se votarán primero las enmiendas que quedan vivas. Esta votación se llevará a cabo con el nuevo sistema de votación que el Congreso ha puesto en marcha durante las obras para instalar el nuevo sistema de traducción simultánea. Los diputados ya no disponen de los tres botones que utilizaban hasta ahora, sino que votarán en una pantalla táctil donde encontrarán las tres opciones: «sí», «no» o «abstención».

Votación final por llamamiento

Posteriormente, se producirá una votación final del dictamen y del conjunto del texto. El PP ha pedido que esta votación final se haga por llamamiento, de forma que los diputados tendrán que levantarse cuando sientan su nombre y hacer público el sentido del voto. Como que se trata de una ley orgánica, el texto tendrá que obtener un mínimo de 176 votos para prosperar, la mitad más uno de los miembros de la cámara.

Si no hay problemas en la votación, el ‘sí’ obtendrá dos votos más de los necesarios, porque las fuerzas que le apoyan suman 178 escaños, mientras que el ‘no’ del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria solo suma 172 escaños.

Trámite en el Senado

Una vez aprobada en el Congreso, la ley todavía tiene que superar el paso por el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta. Los populares ya modificaron el reglamento de la cámara alta para poder obviar la tramitación de urgencia y alargar los debates. El objetivo de los populares es posponer el máximo la activación de la amnistía. Harán comparecer expertos, pero la cámara alta dispone como máximo de dos meses de plazo antes de rechazar la norma.

Una vez el Senado rechace el texto, este volverá al Congreso, donde quedará definitivamente aprobado gracias a los mismos votos que obtendrá martes. Cuando esto pase, la ley ya estará lista para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se iniciará la previsible deriva judicial.

El juez García-Castellón

El PSOE, ERC y Junts lograron un acuerdo la semana pasada e introdujeron modificaciones en el dictamen de la comisión de Justicia. El objetivo era reforzar la definición de los delitos de terrorismo que quedan excluidos de la amnistía para evitar las maniobras del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que por sorpresa, y después de ver que era uno de los motivos excluidos a la ley inicial, ya había atribuido terrorismo a los CDR y los miembros del Tsunami para esquivar la aplicación de la norma.

Las modificaciones pactadas por el PSOE, ERC y Junts la semana pasada –aprobadas con los votos de todos los grupos que apoyan a la norma- redoblaron este blindaje. Establecen, como antes, que no se pueden acoger a la amnistía los actos tipificados como delitos de terrorismo, pero introducen en el apartado final que será así «siempre que, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de Derechos Humanos».

Pero pocos días después de esta modificación, García-Castellón adaptó sus interlocutorias y –además de mantener la investigación por terrorismo contra los supuestos líderes del Tsunami Democrático- afirmó que las protestas del 2019 ocasionaron heridas a un policía que considera «incompatibles con el derecho en la vida e integridad física reconocidos al artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos».

Enmiendas vivas de ERC y Junts

En este marco, ERC y Junts mantuvieron vivas diversas enmiendas que por ahora el PSOE no acepta, pero que se pueden transaccionar e introducir en el texto hasta el último momento. Las dos formaciones firman una enmienda conjunta para eliminar directamente el terrorismo de las exclusiones para la aplicación de la ley. La enmienda deja únicamente como exclusión la vulneración de los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.

Junts y PNB firman conjuntamente tres enmiendas más. Una elimina directamente las referencias al terrorismo y a los Derechos Humanos, de forma que los magistrados donde pueda recurrir a ninguna interpretación para evitar el levantamiento de los procesos y sus consecuencias. La segunda enmienda conjunta de Junts y PNB clarifica que juzgas tendrán que aplicar la norma desde el momento de su aprobación, independientemente del hecho que se presenten cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o recursos al Tribunal Constitucional. Y la tercera entre Junts y PNB propone introducir a la ley que se amnistiará los actos de agravio o crítica contra las autoridades, funcionarios e instituciones, sus símbolos y emblemas, «incluidos los actos llevados a cabo a través de la prensa, de la imprenta, de un medio de comunicación social, de internet, o el uso de redes sociales», así como de actividades, entre otras, «educativas».

El PSOE cierra la puerta a las modificaciones

De momento el PSOE descarta introducir nuevas modificaciones en el texto. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha asegurado este lunes que su formación se siente «cómodo» con la redacción que salió de la comisión de Justicia del Congreso, y hoy por hoy no es partidaria de introducir modificaciones. «En estos momentos estamos satisfechos con el texto que salió, y ahora mismo no hay ningún cambio», ha dicho en rueda de prensa. En todo caso ha afirmado que las formaciones «siguen hablando» y «hay tiempos» hasta mañana para acabar de cerrar el debate.

Crítica el ‘Lawfare’

El PSOE considera que los movimientos judiciales que se han producido en las últimas semanas y meses a la Audiencia Nacional y a la Audiencia de Barcelona respecto a las causas que afectan los políticos independentistas tienen como finalidad condicionar de forma «inadmisible» el poder legislativo. Fuentes de los socialistas interpretan en clave de injerencia política el hecho que el juez García Castellón investigue ahora el Tsunami por terrorismo y pruebe de esquivar la ley de amnistía, y ven también en este marco las decisiones del juez del caso ‘Volhov’, Joaquín Aguirre, sobre la supuesta trama rusa del proceso.

El PP acusa el PSOE de tolerar el «terrorismo»

El PP ha redoblado la línea dura de la oposición a la ley de amnistía y relaciona ya directamente las protestas del 2019 al «terrorismo». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado directamente el gobierno español de haber «justificado» actas terroristas para mantenerse al poder.

Según Feijóo, el gobierno de Sánchez pretende «rebajar a una pena de gamberrada» actos vandálicos que produjeron «una invalidez permanente» a un policía durante las protestas del 2019. «Lo lamento por todos los que han construido un PSOE que ha estado útil en España, pero hoy el PSOE se reduce al partido más dócil y complaciendo con quien justifica el terrorismo de calle», ha dicho. Según Feijóo, esta «docilidad» de Sánchez es el único que «explica» que ERC y Junts le hayan perdonado el espionaje con el sistema Pegasus.

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