De Ventura Gassol a Carme Forcadell

Entre los líderes independentistas que serán juzgados, hay una tarraconense: la expresidenta del Parlament. Hace 83 años, otro dirigente de la demarcación fue condenado por rebelión al sumarse a la proclamación del Estat Català

11 febrero 2019 07:40 | Actualizado a 12 febrero 2019 16:58
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El 9 de octubre de 2017, cuando Pablo Casado aún era portavoz del PP a las órdenes del ‘moderado’ Mariano Rajoy, y no el lenguaraz y echado al monte líder del partido, dijo aquello de que «vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Companys. Creo que la historia no hay que repetirla.Esperemos que mañana no se declare nada. A lo mejor, el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años». 

Casado aludía a que el 10 de octubre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, podía proclamar la Declaración Unilateral de Independencia. Y así fue, pero sólo durante segundos. 

Las palabras de Casado provocaron un enorme escándalo y se le acusó de amenazar nada veladamente con que Puigdemont podría acabar ejecutado, como lo fue Companys el 15 de octubre de 1940. En una entrevista posterior, el propio Casado dijo arrepentirse de la desafortunada comparación y aclaró que se refería a que podía ser condenado a prisión como lo fue Companys en 1935. 

La ejecución del expresident de la Generalitat por el régimen franquista no es comparable con la situación actual. Companys fue entregado a Franco por las tropas nazis que ocupaban Francia y España era entonces una sangrienta dictadura. Hoy en día es una democracia. Con defectos, pero una democracia. 

Entonces sí hubo violencia
Lo que sí es comparable es el juicio al que fueron sometidos Companys y siete consellers de la Generalitat por la proclamación del Estat Català a las 20.10 horas del 6 de octubre de 1934. Comparables, pero con una enorme salvedad. La declaración de independencia de 1934 desembocó en graves enfrentamientos callejeros. La de 2017 suscitó una fuerte tensión política, pero no violencia. 

En 1934 hubo 46 muertos. Pudieron ser aún más si el general en jefe de la IV División Orgánica, el tarraconense Domingo Batet, hubiese cumplido las órdenes del Gobierno de Madrid, entonces en manos de la derecha españolista, de reprimir la declaración secesionista a sangre y fuego. Batet optó por esperar y Companys se rindió diez horas más tarde de la proclamación. 

En 2017, los heridos se produjeron el 1 de octubre tras las fuertes cargas policiales contra los votantes que defendían las urnas y las papeletas. 

Entre los siete consellers procesados y condenados por el Tribunal de Garantías Constitucionales en una sentencia hecha pública el 6 de junio de 1935 había un tarraconense: el responsable de Cultura, Ventura Gassol, natural de La Selva del Camp. Entre los doce líderes que serán juzgados por el Tribunal Supremo a partir de mañana hay otra tarraconense: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, de Xerta. 

Companys, Gassol y el resto de miembros del Govern fueron sentenciados «como autores de un delito de rebelión militar, a la pena de treinta años de reclusión mayor, con las accesorias de interdicción civil durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta, y al pago de las costas procesales en la proporción de una octava parte hasta el auto de apertura del juicio oral, y por séptimas partes las posteriores, siéndoles de abono, para el cumplimiento de la condena, todo el tiempo de prisión provisional sufrida».

El papel tarraconense
El fiscal solicita para Carme Forcadell una pena de 17 años por rebelión y la Abogacía del Estado 10 años por sedición. Forcadell permitió la votación el 6 y 7 de septiembre de 2017 de las leyes de desconexión del Estado y el 27 de octubre de la Declaración Unilateral de Independencia. 

La sentencia de 1935 del Tribunal de Garantías Constitucionales  recuerda que Gassol, como conseller más antiguo, pronunció un discurso en catalán tras el de Companys. Así lo reproduce textualmente el fallo: «Catalanes, ya habéis oído al Honorable Presidente de la Generalidad, D. Luis Companys. Sus palabras tienen hoy una resonancia histórica que nos recuerda que él es el ilustre sucesor del insigne e inmortal Francisco Maciá y el continuador de aquella historia de gestas gloriosas y de sacrificios ejemplares al servicio de Cataluña, de la República y de la Libertad. 

Yo, ahora, en nombre del Gobierno, os pido que os disperséis por Barcelona y por Cataluña para llevar la buena nueva de la proclamación del Estado catalán de la República Federal. Asistid a las fuerzas del Gobierno de Cataluña y ayudadlas para imponer el orden, que hoy es más indispensable que nunca. Defended con palabras y con actos las libertades contra cualquier agresión, cueste lo que cueste y venga de donde venga.

En este movimiento en defensa de la República, los catalanes han de estar siempre al lado de las izquierdas españolas. Nuestra Cataluña es inmortal. 

Nuestra Cataluña es y será invencible, pero es preciso que cada uno esté alerta para seguir en cada momento la voz y las órdenes del Gobierno de la Generalidad.
Catalanes, ¡viva Cataluña!. 
¡Viva la República Federal!».
Poco antes, Companys había roto con el Estado español con estas palabras: «En aquesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament, el Govern que presideixo assumeix totes les facultats del Poder a Catalunya, proclama l’Estat Català de la República Federal Espanyola».

Los jueces discrepantes
La sentencia condenatoria no fue unánime. De los 21 jueces que componían el Tribunal de Garantías Constitucionales, hubo cinco que solicitaron la absolución. En su razonamiento jurídico, destacan especialmente la frase de Ventura Gassol en que reclamaba la ayuda ciudadana para evitar incidentes («asistid a las fuerzas del Gobierno de Cataluña y ayudadlas para imponer el orden, que hoy es más indispensable que nunca»). 

Los jueces aseguraban que «su conducta sólo podrá ser enjuiciada por la opinión pública en el campo de la política y por la Historia». Companys y el resto de consellers fueron indultados en 1936 tras el triunfo electoral del Frente Popular.

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