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La esperada restitución del Govern tras la retirada del artículo 155 de la Constitución se queda solo a medias. El baile de ceses y nombramientos que está publicando estos días el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha ocasionado tensión y fuertes críticas internas, ya que los nuevos consellers están prescindiendo de altos cargos y mandos intermedios que esperaban seguir otra legislatura en el sottogoverno del ejecutivo liderado ahora por Quim Torra (JxCAT).
La situación es especialmente sensible por el hecho de que tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana se presentaron a las elecciones del pasado 21 de diciembre con el objetivo de «restituir al Govern legítimo» que fue cesado el pasado 27 de octubre por el Gobierno Central junto a otros 241 empleados de la corporación autonómica, la mayoría de los cuales eran cargos de confianza y personal eventual del anterior Govern encabezado por Carles Puigdemont.
«Una lógica partidista»
Pese a ello, y lejos de mantener intacta la estructura que estuvo en vigor entre principios de 2016 y finales de 2017, el reparto de poder tras los comicios de hace medio año ha comportado cambios de carteras entre JxCAT y ERC, un extremo que pone en entredicho la voluntad para restituir el gobierno que fue cesado por el polémico artículo de la Constitución. De hecho, ya han aparecido las primeras críticas.
Exempleados critican que haya fichajes cuando no se han recolocado a todos los cesados por el 155«Se está llevando a cabo una triste lógica partidista y para nada modélica, que está afectando de una forma perversa a los nombramientos de altos cargos», según indica el exconseller Andreu Mas–Colell. En un artículo publicado el pasado fin de semana, el exresponsable de Economia del Govern de Artur Mas se pregunta «¿dónde está el principio de restitución?» para los altos cargos «a los que se les pidió que siguieran en sus puestos para absorber las consecuencias del 155».
Las modificaciones en el cartapacio autonómico y los recientes despidos están generando una enorme tensión entre empleados de la Generalitat, algunos de los cuales fueron cesados y aún esperan una llamada para volver a sus antiguos puestos de trabajo.
«Es muy legítimo que cada conseller haga su propio equipo. El problema es que desde la campaña electoral prometieron que nos restituirían a todos. Y a mí, por ejemplo, aún ni me han llamado ni me han enviado ningún mensaje», lamenta un extrabajador de la Generalitat, que fue cesado hace meses.
«Nosotros también fuimos despedidos por el 155, pero ahora nos encontramos desamparados. No llaman y solo nos dan largas», lamenta la fuente consultada por el Diari, quien critica que «se han nombrado a cargos que no fueron cesados. Claro, por esto ahora dicen que no saben si habrá de nuevo puesto para todos...».
Otro exempleado asegura que «es normal que no nos puedan restituir a todos en el puesto en el que estábamos, pero sí que esperamos volver a la Generalitat, aunque sea en otro cargo», afirma, a la vez que indica que «si en enero nos hubieran dicho que no sería posible restituir a todo el mundo, pues no habríamos confiado en ellos, pero desde hace meses que han recordado en infinidad de ocasiones que la prioridad era apostar por el Govern legítimo». En este sentido, los extrabajadores piden al nuevo ejecutivo que «cumpla con sus compromisos» y que «ahora no ponga como excusa la paridad».
Decisiones políticas
Varios han sido los altos cargos que se han visto afectados por los ceses durante los últimos días. Algunos han sido de mutuo acuerdo, como es el caso del exsecretario de Empresa i Competitivitat, Joan Aregio. Sin embargo, hay otros cuadros que no esperaban no formar parte del equipo de los nuevos consellers, como es el caso de Quim Nin, quien no entra en los planes de la nueva propietaria de la cartera de Presidència, Elsa Artadi (JxCAT).
Se da el caso, además, de que Nin fue el máximo representante de la Generalitat durante los siete meses de aplicación del artículo 155, ya que el de Albinyana era el secretario general de la Conselleria de Presidència, que hasta el 27 de octubre fue liderada por Jordi Turull, que está encarcelado. Ahora, el alcalde del Baix Penedès suena como el mejor posicionado para presidir el Port de Tarragona en sustitución de Josep Andreu, quien presentó la dimisión la pasada semana.
Otro de los afectados es el hasta ahora Secretari de l’Habitatge, el tarraconense Carles Sala. El alto cargo del Govern, que llevaba siete años ejerciendo esta responsabilidad, reconoce que «no había pedido ser relevado», si bien entiende que «cuando entra un nuevo conseller es normal que quiera rodearse de su equipo de confianza, más cuando yo llevaba aquí desde 2011».
Se da el caso de que Sala es militante de Demòcrates, un partido que acudió a las elecciones junto a Esquerra Republicana. Sin embargo, el nuevo conseller de Territori, Damià Calvet, es de Junts per Catalunya, un hecho que podría explicar, en parte, su despido. Cabe recordar que PDeCAT y Demòcrates protagonizaron hace tiempo una agria polémica sobre el nombre del partido heredero de CDC, hasta el punto de que obligaron a la antigua CDC a renunciar a la denominación que quería –Partit Demòcrata– por el de Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT).ç
«Viendo cómo se están haciendo las cosas existe la posibilidad de que se ponga en peligro la unidad del soberanismo», advierte el ya exalto cargo, quien tiene previsto volver dentro de unos meses a su plaza de funcionario.
Otro de los cesados es el vallense Martí Barberà (PDeCAT), quien ejercía desde el pasado mes de agosto como director general de Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament. Esta consellería estaba hasta el pasado mandato en manos de los exconvergentes –con Clara Ponsatí como su última responsable–, mientras que ahora la dirige el torrense Josep Bargalló, de Esquerra Republicana.
«Ha sido un honor defender el modelo de escuela catalana ante los ataques de Ciutadans y PP por la aplicación del artículo 155. Siempre seremos el equipo de dirección que lo defendimos de las críticas fáciles», indica Barberà, quien recalca que «firmé la resolución mediante la cual no se dejó entrar la casilla del castellano pese a que el 155 recortó el proceso de matriculación de los alumnos», señala el político vallense.
Ahora, Barberà se centrará en sus responsabilidades en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital del Alt Camp, liderado por el portavoz de Junts per Catalunya, Albert Batet.
