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La cuestión clave: ¿Hubo violencia?

La cuestión de si el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 hubo violencia o no por parte de los independentistas es la que determina el elemento central: ¿Rebelión o sedición?

Rafael Martínez / Miriam Mejías

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La fiscalía ha usado la imagen de los Jordis encima de un vehículo de la Guardia Civil el 20-S para acusarlos de «violencia». FOTO: ACN

La fiscalía ha usado la imagen de los Jordis encima de un vehículo de la Guardia Civil el 20-S para acusarlos de «violencia». FOTO: ACN

¿Hubo realmente violencia o fue solo una «actitud hostil»? Tan incuestionable para la Fiscalía como inexistente para las defensas, la respuesta será sin duda la clave que vertebrará el juicio del Procés y que marcará el futuro de Oriol Junqueras y de los otros 11 líderes soberanistas. La vista comienza mañana martes a partir de las 10 h. en el Tribunal Supremo. 

La Fiscalía lo tiene claro. El Procés fue la «crónica de una rebelión anunciada» porque algunos acusados sabían que podría desatarse la violencia y no lo impidieron pese a las advertencias de los Mossos d’Esquadra. Y es por ello que atribuye este delito a nueve acusados, entre ellos Oriol Junqueras, que se enfrenta a la pena más alta: 25 años de cárcel.

Su actuación, a juicio de la Fiscalía, va más allá del «levantamiento público y tumultuario» propio de un delito de sedición y encaja de lleno en la rebelión, que castiga, según el artículo 472 y siguientes del Código Penal a «quienes se alcen violenta y públicamente para, entre otros objetivos, declarar la independencia».

Los «violentos sucesos» del 20-S
El Ministerio Público nunca lo dudó ni un ápice, principalmente a raíz de los «violentos sucesos» en la Conselleria d’Economia el 20 de septiembre de 2017 o de lo que considera «agresiones» contra policías y guardias civiles el 1-O, que son las dos actuaciones que sustentan la base de la violencia, entendida desde un punto de vista físico, es decir, con incidentes. 

Aunque la Fiscalía va más allá y defiende un concepto más amplio de violencia, entendida como una forma de presión para obligar al Estado a «capitular» a la independencia de Catalunya. 

Y como ejemplo plantea la «incendiaria convocatoria» del 20-S en la citada Conselleria, donde se congregaron 40.000 personas para impedir la actuación de la comisión judicial que registraba el edificio, de la que hace responsables directos a los Jordis.

Eso, dice la Fiscalía, es también violencia porque los acusados se valieron de la «fuerza intimidatoria» que representaba aquella masa de gente como método de presión y coacción. 

Rechaza por tanto entender el clásico concepto de la rebelión como una mera insurrección armada, que es el argumento al que se agarran las defensas para descartar que haya tal delito. Éstas creen que ese es el grado de violencia que debe producirse para hablar de rebelión, algo que todos reconocen no se produjo.

Aunque sí la suficiente, dice la Fiscalía. La imagen de los coches de la Guardia Civil destrozados con manifestantes y periodistas subidos, es también ejemplo de esos «incidentes violentos», enumerados por los mandos de los Mossos al expresident Carles Puigdemont y a Junqueras en una reunión para advertirles del riesgo de una escalada de violencia en el referéndum del 1-O. 

El Govern hizo caso omiso y siguió adelante con la votación al asumir así una estrategia, según la Fiscalía, de confrontación entre los ciudadanos y los agentes que desembocó en un «levantamiento generalizado salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia». 

Una visión, por cierto, en las antípodas de la de las defensas, que hablan de violencia policial unidireccional, aquella que sufrieron los catalanes que solo querían votar, y de unos dirigentes pacíficos dirigiendo un proceso igual de pacífico. Las imágenes de las duras cargas policiales son uno de los argumentos en que se apoyan los abogados defensores.

Las alusiones a la violencia lo impregnan todo en esta causa. No hay escrito o interrogatorio en el que no tenga protagonismo ya sea por acción, como Fiscalía y Vox, o por omisión. 

Tal es el caso de la Abogacía, cuyo escrito de acusación se desmarcó de la línea fijada por la Fiscalía y optó por ver «una actitud hostil» donde antes apreció violencia.

El ejemplo más paradigmático se explica por las veces en que la palabra violencia aparece en sus escritos: 23 en el de Fiscalía y ninguna en el de Abogacía.

El Ministerio de Justicia, del que depende la Abogacía del Estado, ha negado ninguna injerencia política en su trabajo, pero la oposición ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizarla para sus intereses políticos.

«Ambiente crispado y hostil»
El escrito rebaja el tono y, en vez de violencia subraya que hubo hostilidad, todo ello pese a que el relato es prácticamente idéntico al de Fiscalía.

Así, habla de «ambiente crispado y hostil» en la Conselleria d’Economia, de «actitud hostil» en la de Exteriores y de «concentraciones hostiles» ante los cuarteles de la Guardia Civil.

Ya con Vox la violencia adquiere otros tintes. Más magnificada. Pasa a ser un «ataque subversivo» y una «estrategia golpista» promovida por el Govern y especialmente por ANC y Òmnium a través de «una intensa y violenta movilización ciudadana». 

Con todo, la violencia tendrá la más alta cuota de protagonismo en el juicio, pues de probarla dependerá que los hechos se califiquen de rebelión, con penas mucho más altas que las de sedición. La respuesta a la cuestión jurídica más importante, en la sentencia. 
 

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