En un comunicado conjunto, los grupos en la oposición señalan que los problemas de la mediadora, Fátima G.G., "no eran un tema de ámbito personal", sino que "se produjeron por su trabajo como trabajadora en el Ayuntamiento de Cunit".
Por ello, consideran que la mediadora "debía tener el apoyo legal de la institución" municipal y reprueban "la actuación de la alcaldesa", de quien piden su dimisión.
La oposición de Cunit afirma que "no se puede mediar entre víctima y agresor cuando hay presuntos delitos" de por medio, y subraya que el deber del consistorio ante un caso de estas características es ofrecer "protección al más débil".
En este sentido, el comunicado lamenta que Alberich pidiera a la trabajadora municipal que retirase la denuncia, y advierte de que "la relación de superioridad de la alcaldesa" hacia la mediadora cultural "puede llegar a sentirse como una forma de coacción".
Por otra parte, ERC, ICV y CiU aseguran que en ningún momento fueron informados de las presuntas amenazas, coacciones y calumnias que recibió Fátima G.G. hasta que "ella misma nos hizo saber los hechos y la denuncia".
El juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell ha instruido diligencias penales contra el imán de Cunit, Mohamed B., acusado de coaccionar, calumniar y amenazar a Fátima G.G., que se negaba a ponerse velo, trabajaba como mediadora cultural en la localidad y conducía su vehículo.
Al igual que el imán, están imputados por la presunta comisión de un delito de coacciones, calumnias y amenazas la esposa de éste, Zohra A.A., y la hija del matrimonio, Hafssa Ben B., así como el presidente de la Asociación Islámica, Abderramán El O..
La Fiscalía, por su parte, solicita para el imán cinco años de cárcel, cuatro para el presidente de la Asociación Islámica y dos para la esposa y la hija del imán.