La Sindicatura ve indicios de delito penal en la contabilidad de Cunit

La Sindicatura de Comptes ha detectado irregularidades contables en el Ayuntamiento de Cunit, en adjudicaciones y funcionamiento interno y de control del dinero, que podrían ser indicio de delito penal . Las irregularidades se centran en en el remanente de tesorería (dinero efectivo de caja) de los ejercicios 2006 y 2007.

De este último el año el Ayuntamiento dijo tener un remanente de tesorería negativo de 2,9 millones de euros, mientras que el que ha calculado la Sindicatura lo elevaría a 5,5 millones negativos. Así el Ayuntamiento presentó una situación financiera más favorable de la que realmente existía.

Esa ocultación de la delicada situación financiera, además de suponer una falta de transparencia, habría permitido al Ayuntamiento seguir endeudándose o recibir subvenciones para obras, además de evitar un plan de saneamiento exigido por la Generalato.

Contratos

El informe de la Sindicatura también detecta irregularidades  en algunos de los contratos que el Ayuntamiento hizo con empresas como Cespa para la recogida de basuras y limpieza de playas, o con la Auxiliar de Recaudación para el cobro de impuestos y preparar la revisión catastral.

En cuanto a algunos de los contratos el informe ve irregularidades al pagar un precio superior al pactado a la empresa Cespa y un incumplimiento de esta en sus obligaciones contractuales. La Sindicatura también ve contrario a Ley que una auditora externa, Faura Casas, realizase la fiscalización a posteriori de los presupuestos, cuando este trabajo lo deben hacer los funcionarios estatales con capacitación y habilitados especialmente para ello.

Algunos de los contratos revisados «podrían llegar a calificarse como nulos de pleno derecho y presentan indicios de responsabilidad contable e incluso penal», según la Sindicatura. El informe no entiende los motivos de pagar a La Auxiliar de Recaudación casi un millón de euros para realizar los trabajos previos de la revisión catastral o la indemnización de medio millón, sin justificar, que se dio a la empresa que comenzó  la piscina.

Intervención

La Sindicatura abre aquí la posibilidad a una intervención del Tribunal de Comptes en los temas contables, o penal en la jurisdicción correspondiente. La Fiscalía y el Tribunal de Cuentas deberán decidir ahora, con el informe de la Sindicatura en la mano, si abren un procedimiento penal o contable por causar pérdidas a la administración pública, en este caso la local.

Y es que el informe de la Sindicatura ha detectado además que los puestos de intervención y secretaría no estaban ocupados por funcionarios con habilitación estatal, como es preceptivo, sino que incluso los llegaron a ocupar auxiliares administrativos,  de confianza del equipo de gobierno, entonces encabezado por la socialista Dolors Carreras.

La Sindicatura ve «graves incumplimientos» de la normativa e incluso que algunas de las firmas que tenían poder para operaciones de tesorería no están actualizadas, «lo que representa una debilidad en el control interno». También destaca que   los cierres de los ejercicios fiscales 2006 y 2007 «no están firmados ni por tesorero, ni alcalde ni interventor, ni por nadie que certifique que los saldos son correctos», según apunta el informe de la Sindicatura.