Además también alertan del incremento de robos de las segundas residencias y piden una modificación de la legislación actual para poder combatir esta problemática
El 40% de las viviendas que hay en la provincia de Tarragona son segundas residencias. De éstas, un 70% son de propietarios del país, mientras que el 30% corresponden a inversores extranjeros. Estas cifras podrían menguar en los próximos años. Los motivos son varios. Es cierto que la crisis económica ha provocado que la compra de viviendas caiga en picado, aunque hay también otros factores que podrían contribuir a que el descenso en un futuro sea todavía más pronunciado.
Una de las problemáticas que está sufriendo en primera persona el sector es el incremento de apartamentos destinados al alquiler o segundas residencias que son ocupados de forma ilegal. Habitualmente este tipo de acciones se han vinculado directamente a grupos de personas muy concretos, pero actualmente –apunta Niñerola– la dimensión del problema ha crecido y hoy en día «incluso familias con niños optan por esta opción», comenta.
Desde la La Agrupació Provincial de Promotors Constructors d’ Edificis ( Appce) se defiende el derecho de cualquier ciudadano a poder acceder a una vivienda digna, aunque cree que hoy en día el ciudadano está muy desprotegido frente esta problemática. «No puede ser que si te ocupan un piso la justicia tarde de media seis meses en echar a esas personas de tu casa, mientras tú tienes que hacer frente a todos los pagos y ni tan sólo puedes cortarles los servicios básicos como el agua y la luz», comenta.
Desprotección legislativa
Por este motivo, desde la asociación se piden soluciones y responsabilidades a las administraciones públicas, aunque apuntan que la erradicación del problema sólo pasa por un cambio en la legislación vigente. «En según que países europeos, un caso como éste se soluciona en poco más de tres días», comenta Manel Niñerola.
Y es que si estos dos problemas persisten, la sensación de inseguridad parará los pies a posibles inversores que buscarán zonas de nuestro país más seguras, lo que hace temer lo peor a un sector ya demasiado afectado por la actual crisis económica.
Los robos, la otra lacra
Esta asociación de promotores ha denunciado en reiteradas ocasiones un aumento considerable de robos en las segundas residencias, sobre todo, en la zona de la Costa Daurada. Manuel Niñerola, presidente de Appce, asegura que «la inseguridad en la zona es creciente y ello está afectando de manera directa al sector».
«Cada vez hay más casos de robos en apartamentos y segundas residencias y lamentablemente esto llega a oídos de mucha gente. Hay que evitar que la sensación de inseguridad vaya a más, porque lo único que provocará es que la gente deje de confiar en nuestra provincia o nuestro país para invertir en vivienda», comenta.
La crisis es una de las principales culpables del aumento de hurtos. Según Niñerola, el sector, igual que ha pasado con el robo del cobre, está cada vez más especializado. «Buscan segundas residencias que estén vacías el mayor tiempo del año, van allí con una furgoneta –como si fueran empleados de una empresa de mudanzas– y vacían por completo el apartamento sin que ningún vecino sospeche», comenta. Además, se ha detectado que los ladrones no van a la búsqueda de piezas de valor o objetos a los cuáles puedan sacarle un buen beneficio en el mercado de segunda mano. «Actualmente se lo llevan absolutamente todo, mobiliario, electrodomésticos... todo lo que pueden», asegura.
Aunque de momento, la Agrupació no cuenta con cifras, sí se ha detectado en los últimos meses un aumento de puesta a la venta de apartamentos que a priori estaban como segundas residencias o destinados al alquiler temporal. Según Niñerola las zonas más afectadas de la Costa Daurada son Miami-Platja y Vilafortuny. «Zonas con una gran extensión, donde suele haber poca seguridad, menos gente que resida todo el año y donde resulta mucho más fácil robar», comenta.
Situación preocupante
Aunque el sector no quiere generar alarma, la situación es cada vez más preocupante y tal y como apunta Niñerola, una de las posibles consecuencias de este incremento podría salpicar directamente al sector turístico. «Somos una zona con un gran potencial turístico y los promotores y el sector de las segundas residencias somos un subsector del turismo. Si nuestro sector falla, el turismo se resiente», señala.