Esteve Ferran y su hijo serán juzgados en mayo por la compra de una finca

Esteve Ferran Gombau , en primer término, y su padre Esteve Ferran Rivera, a su lado. - LLUÍS MILIÁN-DT

El exalcalde de Salou Esteve Ferran Rivera y su hijo Esteve Ferran Gombau, exconcejal de Urbanismo, serán juzgados los días 30 y 31 de mayo por presuntas irregularidades en la compraventa, en 1999, de una finca de 2.580 metros cuadrados ubicada en la partida Emprius –entonces una de las zonas con mayor proyección urbanística del municipio–. El magistrado del juzgado número 4 de Tarragona les ha citado como imputados tras tomar declaración a los testigos implicados en el proceso. También comparecerán políticos y funcionarios que trabajaban en el Ayuntamiento.

El terreno al que alude el caso era propiedad de los hermanos Ricard y Marc Montagut –actual concejal del Ayuntamiento–. En 1999 decidieron venderla y solicitaron información al Ayuntamiento sobre su situación urbanística. La familia Ferran se la compró por  30.050,61 euros el 7 de septiembre. Las dudas sobre la legalidad de la operación surgieron cuando, el 27 de octubre de 2004, Esteve Ferran Gombau, que aparecía como propietario de la finca, la vendió por 506.445 euros a las sociedades Fran Tarragona SL y Edificios y Chalets Nueva Cataluña SA.

La historia del ‘Caso Ferran’ arrancó en 2007. El Juzgado de Instrucción tenía que resolver la denuncia del Ministerio Fiscal según la cual el ex alcalde y su hijo eran «presuntos autores de un delito de prevaricación, tráfico de influencias, de uso de información privilegiada y de un delito de aprovechamiento ilícito de información privilegiada». «En el momento de la adquisición tenían pleno conocimiento de la existencia de la renovación del POUM y no así el vendedor, siendo que dicha partida afectaba a la finca adquirida, que iba a cambiar de uso, de equipamiento deportivo a residencial».

La Fiscalía reunió en un año  –de 2006 a 2007 –la documentación suficiente (con más de 2.100 folios, 33 de los cuales eran recortes de periódico) para imputar a Ferran Rivera y a Ferran Gombau como presuntos autores de varios delitos que acarreaban, en caso de demostrarse, inhabilitación y penas de cárcel. Además de la compraventa de esta finca, analizó la concesión de un solar  para una residencia sociosanitaria, donde el canon anual era muy bajo; la compra de unas fincas a raíz del desvío del barranco de Barenys por parte de sociedades de un primo del alcalde, y la «rapidez» con la que se concedieron licencias para edificar en el antiguo espacio de la discoteca Galas.

El juez archivó las diligencias contra el exalcalde y su hijo, pero la Audiencia de Tarragona reabrió el caso en 2010, al aceptar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía después de que el magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Tarragona dictaminara en 2009 que «no existían indicios de que se hubiera perpetrado un delito de uso de información privilegiada». La Audiencia consideró en 2010 que «sí existen indicios suficientes de responsabilidad criminal de los acusados».