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Los atentados de Barcelona y Cambrils dejaron 16 fallecidos y 137 heridos. Pero un año después, solo 70 de estas personas tienen el reconocimiento legal de "víctimas del terrorismo". La inevitable burocracia (administrativa, pero también médica y psicológica) que desataron aquellos atentados sigue aún hoy en marcha, a pesar de los esfuerzos del Ministerio del Interior por acelerar los trámites.
Según informó hoy el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (DGAVT) continúa recibiendo solicitudes de ayudas e indemnizaciones. El Gobierno ha tramitado, de forma provisional, 130 expedientes de los 407 que han sido presentados (una víctima puede generar varios expedientes diferentes, explican desde la DGAVT).
Interior, que en los días posteriores a los ataques mantuvo en la Delegación del Gobierno en Barcelona un equipo de especialistas en atención a las víctimas, ya ha desembolsado 9,8 millones de euros en ayudas e indemnizaciones, pero esta cifra es todavía "muy provisional".
La DGAVT, que en último año ha resuelto más de 700 gestiones de víctimas del 17-A y ha supervisado el seguimiento de la atención psicológica a otras 23 personas, también ha tramitado la concesión de doce Grandes Cruces con las que son reconocidas las víctimas del terrorismo. En cuanto a las otras cuatro víctimas mortales, o no se ha solicitado este reconocimiento o no se ha accedido a que sea tramitado por la Administración de oficio.
El Ministerio del Interior destacó hoy la complejidad de la asistencia a las víctimas de estos ataques. Ciudadanos de 34 nacionalidades resultaron afectados por los atentados, según los listados facilitados por la Generalitat de Cataluña al Gobierno central. De los 16 fallecidos, diez eran extranjeros; cinco, españoles; y uno tenía doble nacionalidad. De las 137 personas heridas, 105 eran extranjeras. La DGAVT, afirman desde Interior, se ha volcado en tratar de localizar, a través de los diferentes consulados, a todos los damnificados.
