Un vecino de Cambrils:«Hasta que no me empadronen no dejo la huelga de hambre»

Jorge Fernández, impulsor del proyecto ‘Edifici Dignitat’, lleva 14 días en huelga de hambre en la plaza del Ayuntamiento
 

15 agosto 2018 10:36 | Actualizado a 04 septiembre 2018 11:04
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Jorge Fernández cumple hoy 14 días en huelga de hambre delante del Ayuntamiento de Cambrils. El impulsor del proyecto social ‘Edifici Dignitat’, ubicado en la antigua residencia Montemar, inició esta protesta porque el consistorio no le concede el empadronamiento, una petición que todavía está en proceso.

«Tienen la intención de no empadronarme como sea. Saben que vivo allí desde el 26 de junio porque así se recoge en el acta del Consell de Barri de Vilafortuny. Están incumpliendo la ley y vulnerando mis derechos», señalaba al Diari.

Justo ayer el activista tenía cita para reunirse con los técnicos del departamento de Salut y Benestar Social pero a última hora lo plantaron. «Nos han faltado al respeto», afirmaba visiblemente molesto. 

Fernández ha instalados dos carpas con tiendas de campaña, un sofá, mesas y sillas, además de pancartas. «La gente se acerca y se interesa por el proyecto, entre ellos vecinos de Vilafortuny. Nos traen bebidas», aseguraba. 

El impulsor del proyecto afirmaba que ha perdido cerca de siete kilos y está dispuesto a continuar la protesta hasta el final. «Hasta que no me empadronen no dejo la huelga», manifestaba Fernández, que añadía que hace poco hizo una huelga de 53 días. 

Desde hace nueve días, Jorge cuenta con el apoyo de Toni Pinós, que se ha sumado a la causa. «Lo conozco desde hace mucho tiempo, fue uno de los fundadores del 15-M y de Podemos Madrid. Creo en su proyecto social, nuestra intención es hacerlo todo legal. No estamos okupando, es una recuperación porque el edificio estaba abandonado», explicaba.

Denuncia presentada

Jorge Fernández ya ha presentado la denuncia por la vía penal contra algunos concejales del consistorio, agentes de la Policía Local y varios vecinos de Vilafortuny por acoso inmobiliario, allanamiento de morada, prevaricación administrativa e incitación al odio contra colectivos sociales.

Desde el Ayuntamiento apuntaban que, al no tener un contrato de alquiler ni autorización del propietario, el proceso de empadronamiento es más largo porque se tienen que hacer varias comprobaciones. 

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