Marcos A.H.G, médico del hospital comarcal de Mora d'Ebre, se enfrenta a la petición del fiscal de una pena de 10 años de cárcel por practicar una presunta eutanasia a una paciente que estaba en estado terminal
El juicio, en el que el facultativo está acusado de un delito de homicidio, arranca este lunes, en la Audiencia de Tarragona y con jurado popular. El acusado debe prestar declaración el martes.
Según la Fiscalía, Marcos A.H.G. "aprovechó el estado de inconsciencia" de Carmen C., que había ingresado en situación irreversible tras sufrir un infarto de miocardio, "para suministrarle por vía intravenosa 60 miligramos de cloruro potásico a sabiendas del efecto letal de esta sustancia, lo que le provocó la muerte al instante".
La mujer, de 82 años, tuvo que ser internada en el hospital, en marzo de 2005, aquejada de diversas afecciones que causaron un deterioro progresivo de su salud hasta ocasionarle un infarto masivo, un choque hipovolémico y una descompensación metabólica.
Los facultativos que la atendieron comunicaron a los familiares de la paciente que la mujer se encontraba en estado terminal y acordaron suministrarle un tratamiento sedante para apaciguar el dolor a la espera de la llegada de la muerte, un desenlace que se preveía "en minutos u horas".
Tras el tratamiento, la mujer quedó completamente dormida y horas después, de madrugada, el médico acusado inyectó a la paciente el cloruro potásico, lo que le causó la muerte instantánea. El médico habría actuado de esta forma para acelerar la muerte de la paciente.
Inhabilitación
El Ministerio Público cree que el médico, al que reclama una "inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la condena", actuó "sin que existiera previo consentimiento de la paciente o de sus familiares y obrando en contra de las normas de actuación profesionales médicas para afrontar la muerte de los pacientes en estado terminal".
La defensa del facultativo entiende, por el contrario, que la paciente "pidió reiteradamente que se acabara con su sufrimiento y se pudiera fin a su vida". Los dos hijos de la anciana han renunciado a personarse en la causa contra el médico y uno de ellos, según el letrado defensor, manifestó que "en todo momento consideraron que la actuación del doctor y del hospital fue correcta y que le ha sorprendido ahora tener que ir al juzgado a declarar".
Fuentes del centro hospitalario explicaron que tan pronto como tuvieron conocimiento del caso se pusieron en contacto con el juez y las autoridades sanitarias, al tiempo que abrieron un expediente informativo. Al analizar todos los hechos "y comprobar que el médico no los negaba", lo despidieron. El acusado sostuvo que lo que había hecho era "lícito y permitido" a pesar de proceder contra las normas médicas.