Los servicios públicos empiezan el año con incrementos muy superiores a la inflación y sin que el descenso del precio del petróleo se haga notar en los productos en que influye
Una subida generalizada de los precios públicos no es la mejor manera para empezar un año de crisis, pero es lo que se han encontrado los consumidores al estrenar 2009: incrementos en las tarifas que se establecen muy por encima del 2% en que actualmente se sitúa la inflación (aunque el Gobierno reconoce que podría reducirse aún más, hasta el 1% al llegar el cierre del ejercicio). En cambio, el aumento de los sueldos o pensiones se aplicará precisamente en función del IPC de noviembre o diciembre, muy inferior al índice que se ha usado para los nuevos precios, con lo que se amplía una brecha en la capacidad de consumo de las familias.
La Federación de Usuarios-Consumidores Independientes considera que este encarecimiento es «totalmente desproporcionado, más aún con la crisis económica existente, e injustificado, porque no conlleva mejora alguna». Según esta organización, el impacto de los incrementos de los servicios básicos como la luz, el agua, el teléfono o los transportes supondrá un coste adicional de 9 euros al mes, lo que significa 108 euros para cada familia. Como mínimo, porque algunas tarifas como la eléctrica han pasado a tener revisión trimestral y podrían seguir aumentando a lo largo del año.
Congelación con trampa
El ejemplo más claro y que tenemos más cercano para constatar la disparidad entre la situación económica actual y el nuevo panorama de precios que se plantea es el de los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Reus afirma haber congelado impuestos tan generalizados como el IBI o el de circulación y que ha aumentado las tasas únicamente en función del IPC. Pero los recibos que pasará a los ciudadanos reusenses no mostrarán ninguna congelación, ya que en realidad lo que se aplica es la inflación vigente en verano, cuando el IPC osciló entre el 4,2% y el 4,7%. El Ayuntamiento considera que ha congelado el precio porque lo establece en el mismo nivel del incremento de la vida, pero el porcentaje en que se aumentarán las cantidades que pagarán los contribuyentes estará muy por encima del actual IPC. Se trata de precios de época de inflación que se aplicarán en momentos de crisis.
El Ayuntamiento de Tarragona también aumenta los precios de algunos servicios básicos como el agua o la recogida de la basura en un 4,7%, basándose en el IPC de agosto. Aunque el incremento más espectacular es el del servicio de retirada de vehículos a cargo de la grúa municipal, que pasa de 85 a 109 euros (un 27,1%). Es cierto que la elaboración de las ordenanzas municipales data de septiembre, pero ya entonces se sabía que la economía había entrado en una crisis que sacudiría con fuerza la economía doméstica a finales de año y durante el año siguiente. Sin embargo, no se tuvo en cuenta.
La autopista más cara
También en Tarragona se tiene el dudoso honor de registrar el mayor incremento del peaje de la autopista, precisamente cuando el servicio más deja que desear debido a lo peligroso de la circulación por tramos con carriles muy estrechos. Mientras que la media de incremento de los peajes en las autopistas que dependen del Estado se eleva al 4,45%, el peaje de Tarragona se eleva hasta el 6,2%. Así, hacer el trayecto desde Tarragona a Barcelona cuesta con el año nuevo 7,20 euros, 30 céntimos más que el año pasado. En las autopistas de la Generalitat (que en el Baix Penedès es el caso de la Pau Casals), el incremento que se aplica es del 4,24%.
También en el ámbito del transporte, en este mes entra en vigor la nueva tarifa para la T-Mes, la tarjeta integrada de autobús para el Camp de Tarragona que da derecho a realizar un número indeterminado de viajes. La tarifa para una zona pasa de costar 42 euros a 44; la de dos zonas, pasa de 66,70 euros a 69,05, y la de tres zonas aumenta de 90,10 euros hasta 93,30.
Finalmente, el tren también registra subidas por encima del IPC. Los billetes de los servicios más usados desde el Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre son los que mayores incrementos sufren, con un 6% para las cercanías (que desde Barcelona llegan hasta Sant Vicenç de Calders) y un 5% los de media distancia, que conectan las ciudades de Tarragona con la capital catalana. En cambio, los de alta velocidad y largo recorrido tienen un incremento menor, del 4%.
En casa también se paga más
Los aumentos que más afectarán a las arcas familiares son los servicios que se consumen en casa, los que son estrictamente necesarios e ineludibles. El caso más representativo es el de la electricidad. Para empezar, empezará a facturarse cada mes, aunque en el caso de los clientes de Fecsa-Endesa se combinará un recibo con lectura real con otro de lectura estimada. Esto ha despertado los recelos de los consumidores, ya que el último recibo que se ha emitido –correspondiente al mes de diciembre– se basa en la lectura estimada y se ha fijado muy a la baja, lo que representa que cuando se emita el próximo recibo, el del mes de enero, se hará ya con la tarifa más alta y acumulará mucho más consumo del que se habría dado con una lectura real en diciembre.
La nueva tarifa supone un incremento del 3,4% de media para los clientes domésticos y las pequeñas y medianas empresas. Para los abonados con una potencia contratada de entre 2,5 y 5 kilovatios, segmento en el que el Ministerio de Industria sitúa a 13,6 millones de consumidores, el incremento será levemente inferior, del 3,34%. Los clientes con potencias inferiores a un kilovatio (no llegan a 300.000 en toda España) pagarán el 2,35% más. Los abonados con contrato desde uno hasta 2,5 kilovatios (3,8 millones de clientes) experimentarán una subida del 2,35%, y los que tienen suscrito entre 5 y 10 kilovatios sufrirán un incremento del 4,1%.
Estas tarifas son sensiblemente inferiores a las que había planteado la Comisión Nacional de la Energía, pero las asociaciones de consumidores temen que se aproveche la posibilidad de replantearlas cada trimestre para aprobar nuevos incrementos a lo largo del año.
Comunicaciones
Telefónica ha anunciado la congelación de la cuota de abono, que se mantiene en 13,97 euros mensuales, pero al mismo tiempo subirá el 1,3% los servicios de los clientes sin tarifas planas y el 0,7% de todos sus clientes. La cuota de conexión de las llamadas nacionales y a los 902 se incrementa 30 céntimos. El suministro de Internet de banda ancha subirá en febrero una media del 0,2%. Tener una dirección propia en Internet se encarecerá un euro hasta colocarse en 14, mientras que el alta de ADSL ocasional sube hasta 10 euros.
Finalmente, también Correos incrementa sus tarifas. Las cartas y tarjetas postales de hasta 20 gramos suben un 3,2%, situándose en 32 céntimos. Los envíos de entre 20 y 30 gramos se mantendrán en 43 céntimos.
Y por fin, hay algo de primera necesidad que no sube: el gas natural y el butano, que repercuten mínimamente el descenso del precio del petróleo y reducirán sus precios en un 3,6% y un 1,88%, respectivamente. Por lo menos podremos calentarnos.