El Gobierno estrecha el cerco sobre las empresas sospechosas de fraude

El Gobierno ya no contempla al sector inmobiliario como principal foco de fraude fiscal. La crisis financiera combinada con el estallido de la burbuja del ladrilloha llevado al Ministerio de Economía y Hacienda a cambiar de estrategia en su persecución de la evasión de impuestos. La Agencia Tributaria centrará en adelante su inspecciones sobre las empresas sospechosas de engañar al fisco mediante fórmulas como la ocultación de actividad e ingresos, el empleo de personas no dadas de alta ante la Seguridad Social o los fraudes en el IVA y el impuesto de Sociedades.

«Los defraudadores tienen que saber que si realizan alguna actuación irregular, será detectada y sancionada», señaló la vicepresidenta económica, Elena Salgado, tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude fiscal, laboral y de la Seguridad Social. La iniciativa está incluida en el programa de consolidación fiscal diseñado para reconducir, de aquí a 2013, el actual déficit del 11,4% del PIB por debajo del 3% que marca el pacto europeo de estabilidad.  

El plan consta de sesenta medidas estructuradas en torno a cuatro ejes: la prevención yeral de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo; la puesta en marcha de actuaciones conjuntas de control y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas y más eficaces.  

El Gobierno calcula que el plan reportará a las arcas públicas unos 1.000 millones de euros adicionales (un 0,1% del PIB) en los próximos cuatro años. Ese es al menos el objetivo incluido en la estrategia de estabilidad remitida a Bruselas, aunque desde Economía se confía en que la recaudación será mayor.

La vicepresidenta económica explicó que las actuaciones de control se centrarán en «la identificación conjunta de perfiles de riesgo». Es decir, en la vigilancia de aquellas áreas más propensas a la ocultación de actividad y al trabajo no declarado. La lupa de los inspectores estará, preferentemente, sobre las empresas declaradas insolventes en las que se detecte actividad, en aquellas en las que se detecten indicios de fraude en el IVA o en impuesto de Sociedades y en las sospechosas de comercio irregular o contrabando.