El Gobierno abandona el retraso de la jubilación a los 67 años

El Gobierno tira la toalla. El retraso de la edad de jubilación a los 67 años no se acometerá en la presente legislatura dada su negativa repercusión entre los ciudadanos, muy por encima de lo calculado por los más entusiastas de la reforma. El Ejecutivo ha decidido sacrificar su propuesta, en pro de un consenso político y social que no tenga coste en las urnas. Los miembros del Gabinete, incluido su presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya no mencionan en sus declaraciones públicas los 67 años como nueva edad legal de jubilación y diputados socialistas dan por hecho que la iniciativa morirá por abandono. Además, Moncloa considera oportuno que sea el Ejecutivo de la próxima legislatura quien afronte el precio de ese cambio de llevarse a cabo, dado que la fecha barajada para el inicio de su aplicación es 2013.

No retira la propuesta

No obstante, el Gobierno no retirará su propuesta del ámbito de negociación, algo que desde determinados segmentos sociales se consideraría un paso atrás y un argumento más a aquellos que reprochan las contradicciones de la política socialista. El equipo de Rodríguez Zapatero teme ahora que cualquier retroceso provoque críticas de instituciones nacionales e internacionales, partidarias de reformas contundentes en las pensiones públicas. Por otro lado, Moncloa tampoco está dispuesta a que la sociedad piense que la rectificación obedece al éxito de la presión que CCOO y UGT han ejercido en la calle, precisamente los líderes sindicales fueron los primeros en afirmar que estaban absolutamente convencidos de que el retraso no se llevaría a cabo.  En paralelo a la postura del Gobierno, se confirma que las modificaciones que se aprueben afectarán a varios aspectos, debido a «la complejidad del sistema». Reforma del cálculoEl secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, aseguró ayer que «no existe una única medida en la que se puedan residenciar todos los males» y abogó porque las pensiones se correspondan con las cotizaciones realizadas, lo que implica reformar el periodo de cálculo (años laborales contabilizados para establecer el importe de la prestación) situado en 15 años.

 Granado reconoció que alargar ese plazo beneficiaría al dos ó tres por ciento de los jubilados que proceden del paro al haber sido despedidos en los últimos años de su vida profesional. Para el secretario de Estado sería una forma de repartir entre todos el ajuste al que se ven sometidos un pequeño grupo de trabajadores. En consecuencia, urge encontrar una fórmula a asumir por la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que permita que las pensiones sean «lo más correspondientes y razonables» con las cotizaciones.