La devolución de la tarifa T-3, motivo de querella entre empresas portuarias

La querella tiene su origen en las reclamaciones judiciales que multitud de empresas portuarias de todo el Estado realizaron a comienzos de la década de los noventa contra las autoridades portuarias por la aplicación de la tarifa T-3. Los demandantes entendían que las tarifas son contrapartida por la obtención de bienes o servicios y que era lógico que les cobraran un canon de atraque por disponer de un muelle para la descarga o incluso por los cargos de estiba, desestiba,y almacenaje pero no simplemente por pasar determinadas toneladas por los puertos.
El Tribunal Constitucional reconoció que se trataba de una tarifa ilegal y obligó a las autoridades portuarias de todo el Estado a abonar las cantidades cobradas indebidamente entre 1992 y 2003, cerca de 450 millones de euros.
En el caso de Tarragona, la Autoridad Portuaria  devolvió más de 13 millones de euros a TPS en mayo del año pasado, cuando,  según los querellantes, Fertilizantes Tarragona S.A y Productos Químicos Agroindustriales S.A y antiguos propietarios de la extinta Mafusa Consignaciones y Tránsitos, debían ser ellos quienes tras haber asumido las costas del proceso, debían determinar  la forma y el modo en que se liquidaría con los clientes la eventual deuda. Se da la circunstancia de que Mafusa que, como consignataria es quien inició el proceso en nombre de las empresas propietarias de las mercancías movidas a través del Port, se vendió primero a TPS y después a Euroports TPS Spain.
Según los querellantes, en los sucesivos contratos de compraventa se estableció que pese al cambio de propiedad, las instrucciones correspondientes al pago  de las devoluciones a las empresas afectadas les correspondía a ellos. Por su parte, fuentes de Euroports TPS consultadas por el Diari, consideran que no se les puede acusar  de «apropiación indebida» de los 13 millones cuando ellos lo único que han hecho es de intermediarios y devolver el dinero abonado a aquellos clientes que en su día efectuaron reclamaciones en tiempo y forma: por escrito y antes de conocerse la sentencia del Constitucional.