La estéril lucha contra la pobreza energética

Las subidas del precio de la luz impactan en el bolsillo de todos los consumidores cada vez que les llega el recibo, pero entre los 26 millones de titulares de esos contratos son los que menos ingresos tienen a quienes más les cuesta sufragar el coste de la electricidad. Para ayudar a estos colectivos los dos últimos gobiernos han tratado de aplicar medidas para aliviar ese pago. 

En realidad, ninguno lo ha logrado a tenor de los continuos cambios que ha sufrido el bono social. Ni cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero lo puso en marcha -a mediados de 2009 cuando la crisis solo mostraba su patita-, ni con las reformas del gabinete de Mariano Rajoy, y tampoco con el consenso alcanzado a finales del año pasado entre PP y PSOE para que se beneficiaran de esta ayuda quienes verdaderamente lo necesitan. 

Esta semana la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, anunciaba una nueva vuelta de tuerca para ampliar los límites del bono y lograr que más hogares vulnerables se lo apliquen. Sin embargo, está por ver en qué medida cambiarán los requisitos y si finalmente el sistema conseguirá sus objetivos.

Coladero de casos

En 2017 la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, dio en la clave para entender por qué el bono social ha estado asociado al fracaso. En un informe sobre la vulnerabilidad eléctrica instaba a que el sistema utilizara todos los recursos posibles para ayudar a las familias «que realmente lo necesiten». El coladero de casos que se han beneficiado de una ayuda inestable ha sido patente.

Por eso ha transcurrido prácticamente una década sin que España haya solucionado su problema de pobreza energética. La tasa de hogares que no pueden mantener en condiciones óptimas sus viviendas en épocas como el invierno representa el 10%. Sigue siendo casi dos puntos superior a la de la media europea y se encuentra muy alejada de la de grandes potencias comparables como Alemania (3,7%), Francia (5%) o Reino Unido (6%). 

Los cortes de luz en la crisis

España no ha superado su problema de pobreza energética, ni siquiera ante la amenaza para muchas familias en los peores años de crisis. A medida que el paro azotaba a buena parte de la población -la tasa de desempleo superó el 26% en 2013-, proliferaban los impagos de recibos, y con ellos los cortes de luz que rozaron el millón de casos en 2012. 

A medida que la recuperación se ha ido asentando, y las eléctricas han tomado más conciencia del problema, las paradas con una duración inferior a las 48 horas se redujeron hasta los 100.000 casos en 2017.

La gran reforma que transformó esta ayuda llegó a finales de 2014, al limitarla a un descuento del 25% sobre la parte del consumo de la factura. Hasta entonces, la primera versión del bono -con un precio estable desde 2009- había permitido rebaja del 26%. 

Fue la trágica muerte de una mujer octogenaria en Reus a finales de 2016, por el incendio en su vivienda provocado por una vela al no disponer de suministro por impago, cuando el ya ministro de Energía, Alvaro Nadal, anunció otra reforma, pactada con la oposición.

Establecía un descuento del 25% para pensionistas, familias numerosas y hogares con una renta máxima de 11.182 euros al año sin hijos, 14.910 euros y un hijo, o 18.637 euros y dos, además de familias numerosas; o una rebaja del 40% para hogares en riesgo «severo», con ingresos de hasta 5.591 euros, 7.455 euros o 9.318 euros dependiendo del número de descendientes, así como para familias en riesgo de exclusión social.

Ribera quiere ampliar esos márgenes, pero es consciente de que parte del fracaso del bono se debe a la falta de información y la complejidad de la factura de la luz, sin olvidar un sistema burocrático que no todos los usuarios son capaces de comprender para acceder a una herramienta con la que España debería acabar con la pobreza energética, como pide la UE.