Tijeras desbocadas

Ni siquiera el peso de la ley ha sido suficiente para acabar con la tradicional epidemia inauguradora que asola nuestros pueblos y ciudades en las vísperas de toda contienda electoral. Como era de prever, la bienintencionada normativa electoral sólo ha logrado adelantar el espectáculo, y nuestros alcaldes han vuelto a agotar las existencias de cinta en todas las mercerías del país. A medida que se acercaba el final de la temporada de inauguraciones, la frecuencia de estos eventos ha crecido exponencialmente, ante la mirada sarcástica de una ciudadanía que no suele creer en las coincidencias. Los primeros ediles salían ya de sus domicilios empuñando sus tijeras oficiales, dispuestos a cortar cualquier tira de tela que se interpusiera en su camino: espacios culturales, calles reformadas, vehículos de limpieza, jardines reacondicionados, nuevos paseos… Es el privilegio que disfrutan los gobernantes en ejercicio para compensar el desgaste político que persigue inexorablemente a quien debe rendir cuentas por el trabajo realizado durante los últimos cuatro años. Show preelectoral en estado puro.

Sin embargo, mientras todo esto sucedía, el ciudadano de a pie no ha podido evitar que su atención se centrara en otro género de tijeras. Me refiero a los recortes emprendidos por los sabios del nuevo Govern, obligados a rebajar sustancialmente el volumen de un gasto corriente que busca infructuosamente alimento en unas arcas desvalijadas. El malestar social es creciente, como no podría ser de otra manera, cuando las noticias sobre nuevos tijeretazos presupuestarios se suceden ininterrumpidamente en las portadas de nuestros periódicos. Ya va siendo hora de asumir que Artur Mas no es el President de la Generalitat, sino su administrador concursal. Cada nueva información sobre el estado real de las cuentas autonómicas convierte en ilusoria cualquier esperanza a corto plazo: vamos a sufrir, y mucho, durante los próximos años.

Aun así, siempre hay algunos colectivos que pretenden seguir viviendo en el mundo de Pin y Pon, fingiendo una forzada ignorancia sobre los problemas económicos que nuestro país está llamado a afrontar entre sangre, sudor y lágrimas. En este sentido, ha sido palpable la indignación que ha provocado la llamativa falta de sensibilidad y solidaridad de algunos individuos ante el dramático futuro que les aguarda a muchos de sus conciudadanos. Pensemos en aquellos representantes del mundo de la cultura que han exigido el mantenimiento íntegro de sus subvenciones, mientras las clases más frágiles de nuestra sociedad ven peligrar la calidad de su atención médica. Tampoco se han quedado cortos algunos líderes sindicales del funcionariado, al afirmar que están siendo ellos los principales paganos de la crisis económica. ¿Acaso desconocen que durante los últimos meses cientos de miles de asalariados han perdido su único medio de subsistencia, pagando un precio mucho más alto que ellos por unos errores que también les son completamente ajenos? Qué habrían dado esos millones de parados por haber conservado una parte de su salario…

En cualquier caso, los máximos responsables de la Generalitat tienen ante sí el inaplazable deber de identificar escrupulosamente las partidas que nunca deberían ser susceptibles de regateo en una sociedad mínimamente avanzada. En mi opinión, jamás podrá justificarse un solo euro de inversión pública en edificios gubernamentales, publicidad institucional, representación política, financiación de partidos y sindicatos, etc. mientras un solo ciudadano vea peligrar seriamente su salud por los recortes en materia sanitaria. Durante los últimos días, esta sensible cuestión ha devuelto a la actualidad el eterno debate sobre el copago de los servicios públicos, lo que nos obliga a explicitar nítidamente el significado exacto de los términos que manejamos. Porque no tiene nada que ver el posible cobro de una cantidad simbólica por cada servicio médico (que yo comparto absolutamente, teniendo en cuenta que la apariencia de gratuidad de las prestaciones públicas suele desembocar frecuentemente en su aprovechamiento abusivo), de la repercusión al paciente de un tanto por ciento del coste de la atención que recibe. Considero este último sistema completamente inaceptable, pues supondría una duplicación del cobro (se supone que estas prestaciones las hemos pagado ya con nuestros impuestos), y sobre todo, porque terminaría colocando en una posición de precariedad sanitaria a las capas menos favorecidas de la sociedad.

Lo paradójico del caso es que los principales reproches a la política restrictiva de CiU provienen de los partidos que conformaron el antiguo Tripartit. Así, los socialistas que dejaron las arcas de la Generalitat con telarañas y exigen desde Madrid mayor austeridad al ejecutivo de Artur Mas, ahora acusan al Govern de desmantelar el Estado del bienestar. Parece que, una vez más, nuestra izquierda vuelve a considerar que las matemáticas jamás deberían suponer un obstáculo en el camino hacia el progreso social. A qué aguafiestas se le ocurriría inventar los números…