Han tenido que transcurrir casi tres semanas para que los habitantes de Tarragona conozcamos el nombre de nuestro futuro alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, tras el fracaso de las negociaciones entre convergentes y populares, por un lado, y entre convergentes y convergentes, por otro. La amplia victoria del PSC permitirá al líder socialista seguir gobernando la ciudad durante cuatro años más, aunque a partir de ahora deberá hacerlo en minoría. Se prevé una legislatura complicada, pues la oposición podrá vetar cualquier medida del alcalde y éste tendrá las manos aún más atadas por la limitación presupuestaria. Que la fuerza le acompañe…
Hace apenas unos días, a la vista del interminable espectáculo, cualquiera habría apostado por recurrir a los drásticos métodos del siglo XIII, cuando el pueblo, hastiado por casi tres años de deliberaciones, terminó encerrando al colegio cardenalicio a pan y agua hasta que nombrara a un nuevo Papa. Porque estas enervantes jornadas han desatado una corriente de indignación entre la ciudadanía, que veía cómo su Consistorio se convertía en un mercado persa por momentos. Pero también han provocado una ridícula pelea de colegio entre los que apelaban a su condición de lista más votada (olvidando los Tripartitos), los que recordaban que nuestra normativa prevé un sistema de elección indirecta (olvidando el caso Badalona) y los que argumentaban lo que hiciera falta para que les cuadraran los intercambios de cromos. Ya va siendo hora de que los partidos catalanes se pongan de acuerdo para elaborar una legislación electoral que nos evite este juego de reproches sin sentido cada vez que las urnas no arrojan un triunfo por mayoría absoluta.
Visto lo visto, lo más fácil sería caer en una facilona condena general hacia el comportamiento de nuestra clase política globalmente considerada. Pero se trataría de un recurso populista notoriamente injusto, pues no todas las formaciones son igualmente culpables de lo que estos días ha acontecido en Tarragona. Porque un par de días después de los comicios, PSC y PP dejaron claras sus posturas de cara a la negociación del nuevo Ayuntamiento: Ballesteros deseaba formar un gobierno en solitario o pactar una legislatura bajo su presidencia, y Alejandro Fernández proponía a CiU un acuerdo entre iguales tras haber empatado en votos y escaños. Y entonces llegó CiU y se organizó el sainete…
Antes de lo comicios, ni un solo habitante de Tarragona dudaba de que populares y convergentes tenían apalabrado el destronamiento del PSC en caso de sumar entre ambos mayoría absoluta. Esta predisposición al pacto por parte de los nacionalistas probablemente se apoyaba en su convicción de que CiU obtendría mejores resultados que el PP, quedando así la nominación a la alcaldía fuera de discusión: Victòria Forns, y punto. Y en éstas estábamos cuando el ciclón Alejandro apareció en escena, logrando igualarles contra todo pronóstico. Pese al nuevo marco de partida, los responsables de la federación en Tarragona intentaron cerrar el acuerdo con los populares, hasta que la irrupción de los hombres de Córcega obligó a la dirección local a recular: «Mis padres no me dejan». Pese a ello, la obstinación de Victòria obligó a Oriol Capuleto a viajar a nuestras comarcas para detener el compromiso.
La crisis interna de la agrupación local convergente ha resultado inocultable (véanse las declaraciones de Duran), y ha enfrentado a los partidarios de pactar para acabar con el poder municipal de los socialistas, contra los que amenazaban con abandonar la formación si se entregaba la alcaldía al PP. Finalmente, las tesis de la Ciudad Condal se han impuesto, lo que probablemente acrecentará el resquemor del tarragonismo social hacia el centralismo practicado sin complejos desde la capital catalana. Me viene a la cabeza la imagen de varios dirigentes convergentes, apoyando un lema que se ha convertido con el tiempo en una máxima profética: ¡Barcelona decideix! Para colmo, con el fin de evitar la sensación de haber quebrado el trato unilateralmente por presiones externas, a los representantes nacionalistas no se les ocurrió otra cosa que plantear una propuesta absurda (tres años de alcaldía para Forns y uno para Fernández), un recurso que aparece en el primer párrafo del manual del negociador que quiere esfumarse sin apechugar con las consecuencias.
Llega el momento de plantearse la pregunta mouriña: ¿por qué? Mi teoría es que CiU sospechaba que una alcaldía del PP gestionada eficazmente pondría en cuestión el supuesto anticatalanismo que siempre se reprocha a los populares, y muchos votantes de centro-derecha dejarían de temer a un partido que supuestamente se comía a los niños crudos. Pese a los ofrecimientos de colaboración sociovergente por parte de Ballesteros, el panorama municipal se muestra sombrío para Victòria Forns, una candidata preparada y prometedora, obligada a inmolarse por el interés de un partido al que ni siquiera pertenece: sin alcaldía, desautorizada ante sus rivales, con cuatro años de oposición por delante, ninguneada por su dirección, con unas bases divididas, y un historial de respaldo electoral decreciente desde hace décadas. Papelón.