El grupo de Amaiur

No ha habido sorpresas: la Mesa del Congreso ha denegado esta semana a Amaiur la posibilidad de contar con grupo propio en la Cámara Baja, gracias a los votos del PP y la abstención del resto de sus miembros. El paseo militar de los populares ya ha comenzado, imponiendo unilateralmente una discutible aplicación del reglamento frente a la cobarde ambigüedad de PSOE y CIU, y la oposición casi unánime del resto de grupos parlamentarios. Las formaciones menores llegaron a solicitar al mismísimo Rey que intercediera en favor de UPyD y Amaiur, con el fin de evitar el bloqueo efectivo del Grupo Mixto. Nada de nada: la recién estrenada apisonadora del PP ha hablado, y todos a callar.

Centrándonos en el aspecto jurídico, el artículo 23.1 del Reglamento de la Cámara dispone que «los diputados, en número no inferior a quince, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. Podrán también constituirse en Grupo Parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el 15 por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el 5 por ciento de los emitidos en el conjunto de la nación». En el caso de Amaiur, que ha logrado 7 diputados y no alcanza el 5% de los votos totales, existe una duda razonable sobre la forma en que debe interpretarse la exigencia del «15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura». ¿Se refiere al conjunto de circunscripciones en las que se han presentado, o a todas y cada una de ellas? La difícil respuesta a la cuestión quedó evidenciada en el propio informe jurídico encargado por la Cámara, al afirmar que este requisito «puede entenderse referido a cada una de las circunscripciones», una afirmación ciertamente tibia.

La Mesa del Congreso ha mantenido históricamente una interpretación amplia de este precepto, permitiendo la formación de grupo parlamentario a varias formaciones que se hallaban en la misma situación en la que hoy se encuentra Amaiur. Así sucedió en las legislaturas cuarta, quinta, sexta y séptima con el PNV, a quien se le concedió grupo propio pese a que en una circunscripción había obtenido sólo el 0,92% de los votos, mientras a la izquierda abertzale se le pretende negar esta posibilidad habiendo logrado un mínimo de 14,86% de los sufragios. Pero aún hay más: en la octava legislatura, ERC disfrutó de grupo propio pese a no alcanzar el 15% de los votos ni siquiera en cómputo global, circunstancia que cumple sobradamente Amaiur.

El PP está en todo su derecho de aplicar el rodillo en este asunto, aunque debe reconocer que se trata de una decisión política y no jurídica. Y es precisamente en este ámbito donde su postura deja de ser una mera cacicada legal para convertirse en una torpeza táctica de consecuencias impredecibles. Coincido con las manifestaciones del lehendakari Patxi López en este sentido, que parece disfrutar en este punto de un gran respaldo dentro del propio PSOE: prohibir el grupo propio a Amaiur ha significado un grave error político.

Particularmente, echo de menos una mayor clarificación en la derecha española sobre la estrategia que pretende asumir hacia la izquierda abertzale, una vez declarado el alto el fuego definitivo por parte de ETA. Quiero pensar que esta indefinición es una muestra más del carácter neblinoso de Rajoy, y no la demostración palpable de que Génova sigue en manos de la Brunete mediática. Hace años que el PP reclamaba a los partidos de la órbita violenta su participación en las instituciones: eso han hecho, y a cambio han sido recibidos con un portazo en la cara. Nadie está sugiriendo que se les otorgue un trato especial, sino todo lo contrario: la Mesa del Congreso debió aplicar a Amaiur el mismo rigor normativo que a los demás, ni más ni menos. Las razones son evidentes: no sería ético reclamar a los miembros de la formación independentista una menor exigencia legal que al resto de partidos, pues supondría premiar el pasado violento de algunos de ellos; pero tampoco sería inteligente pedirles más, pues avivaríamos su conocido victimismo y daríamos alas a los sectores más cavernícolas de la antigua Batasuna, que siguen sin estar por la labor de participar en las instituciones democráticas.

Todos estamos de acuerdo: resulta nauseabundo ver a Errekondo negándose a condenar la violencia. De hecho, tengo muchas dudas sobre la legalización de Amaiur como fuerza plenamente democrática. Sin embargo, una vez que los tribunales (únicos legitimados para apartar a un partido de la vida parlamentaria) han reconocido la legalidad de esta formación, parece claro que debe disfrutar del mismo trato que cualquier otra fuerza política. Las normas están para aplicarlas a todos por igual, sin que la interpretación que de ellas pueda hacerse dependa de la afinidad ideológica del implicado respecto del partido que ostenta el poder en ese momento. Lo contrario sería renunciar a las bases sobre las que se asienta nuestro Estado de Derecho.