El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es hombre con ideas. Ha propuesto que los notarios puedan oficiar bodas, y divorcios, cuando las parejas estén de acuerdo. Que para casarse o divorciarse valga la declaración ante notario. La Iglesia, podríamos bromear, no se opondrá, pues los notarios dan fe.
El caso es que la competencia notarial quitaría trabajo a alcaldes, concejales y, sobre todo, a jueces. Ahorraría la tramitación de miles de expedientes, buena noticia para unos juzgados siempre sobrecargados y lentos.
Es cierto que la cosa se complica si hay hijos y hay que decidir la patria potestad, pero todo lo que puedan hacer los notarios (en Catalunya hay 547 notarías) no es necesario que lo tramite el juez, que bastante trabajo tiene. En caso de indigencia y no poder pagar al notario, el Estado podría auxiliar a los cónyuges y aún se ahorraría dinero sobre los gastos que tiene ahora.