Coincide con Galicia y Madrid en la necesidad de usar el baremo poblacional, pero resalta que el sistema de nivelación previsto penaliza a las comunidades que hacen un mayor esfuerzo
El conseller de Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells, afirmó ayer que el modelo de financiación se tiene que hacer con consenso entre las comunidades autónomas y el Estado, pero rechazó la capacidad de veto de cualquier comunidad. Castells estuvo presente en una mesa redonda en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre la reforma de la financiación autonómica junto con el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, y el de la Xunta de Galicia, José Ramón Fernández. Los tres coincidieron en la necesidad de remodelar el actual sistema y en que la reforma se haga con consenso, además de que el baremo poblacional es esencial.
Sin requisito de unanimidad
El conseller Antoni Castells dijo que «no se tiene que confundir consenso con requisito de unanimidad para hacer el cambio, porque de otro modo cualquiera lo puede vetar». El titular de Economía del Govern reclamó al Gobierno central que lidere el proceso para conseguir este consenso. Asimismo, ha dicho que es muy difícil hacer cambios sin ningún proyecto común y voluntad política.
Modelo federalista
«El modelo no da a las comunidades la llave de sus ingresos», dijo el conseller Antoni Castells, quien resaltó el problema de que «el grifo de los ingresos no lo tienen las comunidades». Entre otros motivos para llevar a cabo una revisión del sistema de financiación, apuntó que los mecanismos de nivelación que prevé el modelo penalizan a las comunidades que hacen un mayor esfuerzo. En este sentido, señaló que esto no pasa en ningún otro país.
Castells defendió, con tono convincente, el modelo de financiación de los países federales. «En España todavía hay un modelo que es tributario de una mentalidad centralista», resaltó el titular de Economía.
El conseller también afirmó que «la crisis hace más necesaria la revisión del modelo de financiación autonómica».