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Caso Inipro: Mal adjudicado y peor prorrogado

El caso Inipro es la historia de una contratación pública aparente (y torpemente) preparada para que ganase una empresa afín al PSC y que posteriormente fue alargada en contra de lo que dicta la Ley

Publicado: 23:09 - 04/05/2016


Fue a inicios de verano de 2010 cuando el Ayuntamiento, a través del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST), puso en marcha el proceso de contratación de determinados servicios relacionados con la asistencia a población inmigrada. Unos servicios que, de entrada, el juez instructor –lo dice en sus autos– duda que fueran necesarios y, en todo caso, sospecha que el propio IMSSTpodría haberlos asumido.

Pero el consistorio decidió contratarlos y lo hizo mediante un ‘procedimiento negociado sin publicidad’, que consiste en invitar a tres empresas a presentar sus presupuestos y elegir entre ellas. El problema es que las tres empresas a las que se invitó tenían relación entre sí. Las eligió, intuye el juez después de sus indagaciones, el entonces gerente del IMSST, Antonio Muñoz, cuando lo habitual en este tipo de contrataciones era que fuese el personal técnico quien decidiera.

De esas tres empresas invitadas, dos eran directamente la misma (Inipro era propietaria de ‘Itinere, serveis educatius’ –nada que ver con la empresa tarraconense del mismo nombre–) y la tercera, Gallet i Associats, que ni siquiera llegó a presentar presupuesto (declinó la invitación por «exceso de trabajo»), estaba también relacionada, aunque de modo más indirecto, con las otras dos.

Más curiosidades del expediente de contratación que quien suscribe tuvo el privilegio de consultar en abril de 2013:el presupuesto remitido por Inipro estaba fechado en junio, cuando el proceso fue convocado el 13 de julio. ¿Un error en la fecha, o es que Inipro envió su propuesta antes de recibir la invitación?

La victoria en el concurso, claro, se la llevó Inipro, casualmente afín al PSC(su administrador y la mayoría de sus empleados en Tarragona eran afiliados del partido), por lo que le fueron contratados los servicios. Eso sí:sólo para lo que quedaba de 2010, tal como establecía el pliego de cláusulas. Ahí vino una nueva ilegalidad: cuando terminó el año se le prorrogó el servicio a la misma empresa sin volver a licitar, contra lo que dictaban la Ley y el propio pliego de cláusulas, que prohibía explícitamente la prórroga. Lo mismo se haría en 2012.

Ballesteros pagó, pese a todo

De modo que, de los 276.000 euros que la empresa de Viladecans acabó cobrando de los tarraconenses en esos tres ejercicios, sólo 61.000 tenían «soporte contractual» –en palabras del juez–, porque corresponden a 2010. Los otros 215.000 se cobraron pese a las advertencias de ilegalidad del interventor, que constan en los decretos de pago que, pese a todo, el alcalde firmó hasta en siete ocasiones. Lo hizo también a instancias del propio interventor porque, de otro modo, «el Ayuntamiento habría incurrido en enriquecimiento injusto». «Aunque la contratación hubiera sido irregular, había informes que acreditaban que los servicios se habían prestado, y había que pagarlos», se defiende el alcalde.

Informes que, no obstante, Ballesteros admite no haber visto personalmente. Por eso el juez, además de sospechar que el servicio fue adjudicado a dedo y prorrogado ilegalmente, se pregunta también si se llegó a prestar.


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