La junta directiva de la candidatura de Tarragona para organizar los Juegos del Mediterráneo de 2017 quiere zanjar la polémica surgida en los últimos días. Por este motivo, este jueves decidió que ninguno de sus miembros hiciera declaraciones a la conclusión de una sesión ordinaria
Al término de una reunión de más de tres horas de duración, los responsables de la candidatura se limitaron a remitir un comunicado de prensa, y rehuyeron la convocatoria de una rueda de prensa y la realización de declaraciones posteriores a la celebración de la junta directiva.
En el comunicado se afirmaba que «mostramos la más absoluta disposición a recuperar el consenso y lamentamos profundamente toda la polémica suscitada en torno a la candidatura», por lo que «hacemos un llamamiento para reforzar un proyecto que hasta el momento ha conseguido situar a la ciudad entre las máximas favoritas para organizar los juegos de 2017».
El comunicado, de veinte líneas, finaliza diciendo que «con la voluntad de poner punto final a la polémica generada, los integrantes de esta junta declinan realizar cualquier declaración pública sobre esta cuestión».
En las últimas semanas la candidatura se ha visto salpicada por la polémica, después de que trascendiera que Mario Rigau, presidente ejecutivo de la misma, encargara trabajos por valor de 580.000 euros a Tecnigenia, empresa constituida por Francisco Luengo, amigo personal del ex secretario general en Tarragona del sindicato UGT.
El propio alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha reconocido que la vinculación entre Rigau y Luengo es «estética y éticamente cuestionable». El primer paso dado ha consistido en la decisión de crear una comisión especial de seguimiento que supervisará la gestión de la candidatura, una medida que limitará el poder de Rigau al frente de Tarragona 2017.
Los partidos de la oposición, CiU y PP, reclaman la entrega de las facturas desglosadas de los encargos hechos por Rigau a Tecnigenia y a otras empresas, así como de los comprobantes del pago de los trabajos realizados. Éste es un requerimiento imprescindible que hacen CiU y PP para integrarse en la comisión especial de seguimiento.
El ente que se constituirá el próximo mes de septiembre estará presidido por el alcalde Josep Fèlix Ballesteros y contará con ocho vocales. Cuatro serán los concejales socialistas Pau Pérez, Begoña Floria, Xavier Tarrés y José Cosano, Sergi de los Rios (ERC) y los representantes que designen CiU y PP, si finalmente dan este paso, además de un representante de la candidatura con voz pero sin voto.