Libertad bajo fianza para los detenidos por el presunto tribunal islámico de Valls

En esta masía de Valls es donde, presuntamente, la mujer fue sometida a un tribunal islámico por adulterio. - PERE TODA

Los siete detenidos que permanecen en prisión acusados de secuestrar, juzgar con un tribunal islámico en Valls y sentenciar a muerte a una vecina de Tarragona podrán salir en libertad si pagan una fianza de 6.000 euros. Así lo ha acordado el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona mediante un auto, que ya ha sido recurrido por las partes. Mientras las defensas solicitan que se rebaje la cantidad al no disponer de tanto dinero, el fiscal se opone a la medida y pide que los siete encausados continúen en prisión provisional comunicada y sin fianza. al considerar «que no se ha producido ninguna modificación de las circunstancias que llevaron a su adopción».

Añade el escrito de apelación del Ministerio Público que la imposición de una fianza, sea cual sea la cantidad, «no garantiza la presencia del imputado durante la tramitación del procedimiento ante los indicadores de riesgo de fuga». Asegura el fiscal que se trata de un ciudadano marroquí, con vínculos en su país, «donde podría encontrar refugio». Ahora tendrá que ser una de las dos salas penales de la Audiencia de Tarragona quien determine la situación procesal de los siete inculpados.

El magistrado, en su auto, reconoce que el caso se está retrasando: «Por dos veces y por razones absolutamente ajenas a la diligencia de este Juzgado, ha devenido imposible la práctica testifical de la víctima, lo que se traduce en un aumento de tiempo que los aquí imputados han de sufrir en prisión». El juez sigue su razonamiento: «No es lícito desde la presunción de inocencia dar por cierta de modo automático la declaración de la víctima y situar al acusado en la necesidad de demostrar su falsedad, sino que es necesario comprobar con carácter previo, la consistencia de la prueba de cargo, y una vez verificada dar entonces al acusado la oportunidad de desvirtuarla, cuestión que en los presentes autos encuentra sus obstáculos».

Dilaciones

Para el titular del Juzgado, la dilación en la declaración de la presunta víctima, por su negativa a hacerlo, es un motivo para sustituir la medida de prisión por otra de libertad bajo fianza. «La repetida e incluso anhelada declaración de la víctima, extremo necesario y motor para la prosecución de la actividad instructora (...) pues en el proceso valorativo ha de tenerse en cuenta, especialmente estos aspectos o cautelas, para evitar un excesivo subjetivismo en perjuicio de los imputados (...) presenta en este concreto supuesto un doble aspecto al menos preocupante».

Después de que el fiscal presentara el recurso de apelación contra el auto judicial, el pasado lunes terminaba el plazo para que las partes –defensas– presentasen sus escritos sobre sus posicionamientos al respecto. El letrado Anton Aluja –que representa a dos de los procesados, uno de los cuales sigue en prisión preventiva– solicita una rebaja de la fianza para su cliente encarcelado. En su escrito critica el posicionamiento del Ministerio Público y asegura que éste no justifica el peligro de evasión.

Aluja asegura en su escrito que la imputación a su cliente y al resto de los encausados se basa en una denuncia de los hechos «ciertamente alarmantes, cuya autora viene eludiendo repetidamente la acción de la justicia». Y añade aún más sobre dicha acusación, que califica de «inverosímil» y que ha sido «destruida» por las diferentes declaraciones del único testigo al que las defensas han podido asistir. Se trata del propietario del bar donde supuestamente se refugió la víctima después de huir de sus captores.

La situación de ella

Por todo ello, el abogado se muestra contundente al apuntar que su cliente se halla en prisión por culpa «de una denuncia falsaria, por causa de una mentira». Y va más lejos: «Es grave y de gran significancia que la denunciante haya gozado de la plena libertad de desplazamientos, se haya trasladado a su país de origen, y según hemos podido conocer resida en Tetuán, trabaje en una fábrica de Tánger, y haya desoído las citaciones judiciales para acudir a declarar por videoconferencia a la ciudad de Ceuta».

La presunta víctima vivía en Tarragona con su hermana y su cuñado. Al parecer, según sostiene Anton Aluja, la echaron de casa y pidió auxilio para poder pasar unos días. Primero estuvo en la masía de Valls «pero como no era un lugar propicio la llevaron hasta la casa, donde había otra mujer y se podría encontrar mejor», sostiene el abogado Anton Aluja, quien desconoce el objetivo de la denuncia.