Casi 2.000 mujeres abortaron en la provincia de Tarragona en el 2008

Lo dice la recién publicada Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en su artículo 18: «Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo... Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud... Se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan... Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación».

La nueva norma, publicada el jueves pasado en el BOE, entrará en vigor en julio y lo deja claro: la sanidad pública se deberá hacer cargo de los abortos y su coste. Lo que no se sabe, de momento, es cómo.

Sólo un centro privado

A día de hoy, en el Camp de Tarragona ningún centro de salud público practica interrupciones voluntarias del embarazo. Desde el Departament de Salut confirman esta información y señalan que casos eventuales se envían a  la Vall d’Hebron o al Hospital del Mar en Barcelona. En el Joan XXIII, por ejemplo, la interrupción del embarazo no se encuentra dentro de la ‘cartera de servicios’ del centro.

Crecieron 21,8% en un año

El único centro donde se realizan los procedimientos es  una clínica privada, acreditada por la Generalitat en 2008. Aquí se realizan abortos hasta las doce semanas. Anuncian  en su página web que son «una institución especializada en el aborto de bajo riesgo». No fue posible hablar con sus responsables.

Según los datos del registro de interrupción del embarazo, en 2008 (los más actuales de que dispone Salut) 1.954 mujeres de la provincia de Tarragona interrumpieron voluntariamente su embarazo, 426 más que en el año anterior, lo que supone un incremento del 21,8% en un año. Por comarcas, el Tarragonès fue donde se registró el mayor número de casos, 750, seguida por el Baix Camp, con 446.

Hasta ahora, la mayor parte de esas interrupciones del embarazo se registraban en clínicas privadas. En Catalunya en 2008 sólo el 2,8% se practicaron en centros hospitalarios públicos o privados, mientras que el  97,2% tuvieron lugar en centros extrahospitalarios privados.

La mayor parte, en clínicas

Según explica Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, la mayor parte de los abortos que se practican actualmente en los centros privados en España son pagados por los particulares. En muy contados casos se cuenta con el apoyo de algún ayuntamiento u ONG.

Según comenta Barambio, un aborto antes de las 12 semanas, que es cuando se realizan la mayoría, tiene un coste de entre 350 y 450 euros, según el equipamiento con que cuente el centro. El precio también varía en función de si se emplea anestesia local o sedación. En el último caso se necesita de cierto equipo en el quirófano y de los servicios de un anestesista.

Barambio reconoce que ya ha tenido algunas conversaciones con el Departament de Salut para  ver cómo se pondrá en práctica la nueva ley, pero advierte que son muy preliminares, porque la ley todavía deja abiertos muchos interrogantes y habrá que esperar a que se haga el reglamento.

Desde Salut tampoco está claro si se habilitarán centros públicos donde se puedan practicar este tipo de procedimientos o si se concertará con los centros privados que ya están en funcionamiento y acreditados. Algunos hospitales de Barcelona ya mostraron su disconformidad el año pasado con la posibilidad de tener que realizar ellos estos procedimientos. Consideran que no darían abasto, debido a la saturación a la que suelen estar sometidas las maternidades.

Defiende Barambio que «la interrupción de la gestación es una práctica sanitaria específica que tiene protocolos propios de actuación, técnicas concretas y que requiere de unidades especializadas para su realización». Argumenta que en la mayoría de los hospitales los médicos especialistas en ginecología y obstetricia no tienen formación específica en aborto provocado.

Pero ésta no es la única duda que queda pendiente de resolver en el reglamento de la ley. Este médico señala que aún no queda claro el procedimiento que se seguirá para comprobar que, efectivamente, las menores de 16 y 17 años han informado a sus padres, por ejemplo.