Las empleadas de atención a domicilio llevan 2 meses sin cobrar

Las mujeres que protestaron posan ante la puerta del Ayuntamiento. - NORIÁN MUÑOZ

«Estamos desesperadas. Nos debían tener en palmitas porque cuidamos de los más necesitados y, sin embargo, aquí estamos, trabajando  sin cobrar ni diciembre ni la paga extra... Y enero ya veremos». Quien así habla es Mari Carmen Babier, quien dice llevar 24 años trabajando en el servicio de atención a domicilio en Tarragona. Es una de la veintena de trabajadoras que se manifestaron ayer a las puertas del ayuntamiento pidiendo una respuesta a su situación.

En total son 63 las empleadas que trabajaban en la empresa BBServeis, contratada por el Ayuntamiento para prestar el Servei d’Atenció a Domicili, SAD, en la parte baja de la ciudad.

El consistorio reconoce que desde septiembre no ha podido pagar a la empresa. Desvía la culpa a la Generalitat, que se encarga del 60% del SAD de la dependencia (el más numeroso) y el 40% del SAD social, y no ha pagado nada de lo comprometido para el año pasado.

Venta a otra empresa

Pero la situación se ha complicado porque el servicio ha sido vendido a otra empresa, para sorpresa de las trabajadoras y del ayuntamiento, y a partir de enero las trabajadoras son empleadas de otra compañía de nombre FIAC, con sede en Barcelona, como la anterior. La consellera de Serveis a la Persona, Victoria Pelegrín, explica que ahora mismo, con el presupuesto municipal de 2012 podría hacerse cargo de pagar a la empresa para que a su vez pague a las trabajadoras, pero vistas las irregularidades en el cambio de manos de la compañía no pueden hacerlo. Además están a la espera de que la nueva empresa presente la documentación para saber si continuará prestando el servicio.

«Hasta el 9 de enero –explica Pelegrín– no comunican oficialmente al consistorio este cambio». Desde entonces, los servicios jurídicos del Ayuntamiento trabajan en busca de una solución. Precisamente ayer la concejal presentó una propuesta a la empresa. Pelegrín explica que «esta nueva situación está siendo analizada, dado que la nueva empresa debe demostrar que puede seguir prestando los diferentes servicios manteniendo la calidad y demostrando su viabilidad económica. Una vez todo esto esté justificado –continúa Pelegrín– podremos continuar con la relación contractual que teníamos. Lo que no podemos hacer es pagar directamente la nómina de diciembre y la paga extra porque incurriríamos en una ilegalidad... Seremos exigentes porque tenemos que garantizar que la nueva empresa cumpla con ciertos requisitos de calidad», explicó.

Justamente ayer tuvieron una reunión con el responsable de la nueva empresa (que paradójicamente es el mismo de la anterior) y llegaron al acuerdo de firmar un escrito a finales de semana. El mismo estará firmado por la empresa, el Ayuntamiento y el comité de empresa de las trabajadoras, y todos se comprometen a que el dinero que pague el Ayuntamiento será destinado a saldar las deudas con las empleadas. La situación del cobro de enero y el resto de meses todavía no se conoce.

Mientras, las mujeres se quejan de que, siendo trabajadoras para servicios sociales, ellas mismas han tenido que ir al servicio a buscar ayuda. «Este mes encima me cobraron 90 euros en el banco por los servicios que no pago», se lamentaba Rosmira, una de las manifestantes. Cuentan que la hora de trabajo se la pagan a unos 8 euros. «No llegamos a mileuristas; yo cobro 850 mensuales por jornada completa», explicaba una de ellas. Virginia resumía el sentir general: «Trabajamos con personas discapacitadas, abuelos, mayores con problemas mentales... Somos responsables; ninguna dejaría de acudir a su trabajo, y creemos que se aprovechan de esto».