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Cerca de la mitad de ayuntamientos de la provincia barajan perpetrar en 2016 algo así como un ‘catastrazo’ encubierto. Un total de 78 municipios revisarán al alza los valores catastrales de todos los inmuebles urbanos el próximo año, con el fin de engordar la recaudación del IBI, la gran botella de oxígeno presupuestario para los consistorios. Como excepción, cinco de ellos los actualizarán a la baja. La relación de poblaciones que han solicitado esa revisión se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 28 de septiembre.
Buena parte de estos consistorios –83 en total han solicitado la revisión– ya han aplicado ese mecanismo en 2015. Es el caso de Salou, Vila-seca o Valls, de entre las ciudades de mayor población. Reus no lo ha pedido esta vez –sí lo hizo el año pasado– pero sí lo ha demandado Tarragona. Todas estas poblaciones han pedido una revisión catastral al alza. En el lado contrario, cinco localidades actualizan los valores a la baja parar moderar el impacto sobre el contribuyente. Son Benissanet, Garcia, Les Piles, Móra la Nova y Riudoms.
El valor catastral es la referencia de los ayuntamientos para elaborar tributos como el IBI(Impuesto de Bienes Inmuebles), uno de los pilares básicos de su financiación, y de Plusvalías. También incide en los de Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones, además del IRPF de inmuebles que no son vivienda habitual o local comercial.
Estas revisiones no implican por sí mismas subidas o bajadas automáticas del IBI. Cada ayuntamiento puede modificar los gravámenes por los que se multiplica la base imponible para determinar la cuota del impuesto. Sin embargo, solicitar la actualización al alza evidencia un interés por incrementar o mantener la capacidad recaudatoria.
Para solicitar la actualización deben haber transcurrido al menos cinco años desde la última revisión catastral (anterior, por lo tanto, a 2010), existir diferencias sustanciales entre los valores de mercado actuales y los que sirvieron de base para la determinación de los vigentes y haber efectuado la petición a la Dirección General del Catastro antes del pasado 31 de mayo.
Los municipios cuya última revisión catastral entró en vigor en 2003 o ejercicios anteriores –en algunos casos, de los años 80– padecerán una subida que oscilará entre el 6 y el 13%. En ese grupo aparecen L’Ametlla de Mar, Roquetes, Valls, Roda de Berà, Vila-seca o la misma Tarragona, todos ellas poblaciones con una subida del 10%, que es la más común.
Esto significa que los ayuntamientos que reeditan esta práctica y anuncian la congelación del IBI para 2016, en realidad consolidan la subida de valores aplicada en 2015. Hasta un 12% ascenderá en La Palma d’Ebre, la Pobla de Montornés o Alió. En Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant, un 13%.
Por contra, las administraciones que actualizaron sus valores entre 2005 y 2010 –en plena cresta de la ola de la burbuja inmobiliaria– registrarán ahora bajadas de entre el 8 y el 23%. Así, hasta un 23% descenderá el valor catastral en Riudoms.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 establece los coeficientes de actualización de los valores catastrales de cada municipio en función del año de entrada en vigor de la última revisión. Así, una localidad que no haya revisado el catastro desde 1984 le corresponde un coeficiente de 1,13 (una subida del 13%) y una que lo haya hecho en 2010 debe aplicar un 0,85 (una bajada del 15%). No se modifican los valores que entraron en vigor en 2004 porque Hacienda considera que no existen diferencias sustanciales con los precios de mercado actuales.
En toda España, aumentará el valor catastral en 1.567 municipios que comprenden 7.021.827 inmuebles, y se reducirá en 126 localidades que comprenden 1.085.053 inmuebles. Eso representa una mejora en la aproximación de los valores catastrales a los valores de mercado en 1.693 municipios con 8.106.880 inmuebles.
