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Tarragona, Vila-seca, Valls, Salou, Gandesa, L’Ametlla, Móra la Nova y otros 58 municipios de Tarragona han solicitado al Estado que aplique un coeficiente de actualización del valor catastral de los inmuebles que les permita aumentar la recaudación de IBI, el principal impuesto del que se nutren los ayuntamientos. El listado completo de los 65 consistorios salió publicado en el BOE del sábado pasado.
La subida catastral, sin embargo, está pendiente de la aprobación de los Presupuestos de 2017, algo que parece altamente improbable que suceda debido a que aún no se ha constituido el Gobierno y a que, si finalmente el PSOE cediese del todo e invistiese a Mariano Rajoy como presidente, no habría tiempo material para que el Congreso diese luz verde a las nuevas cuentas del Estado. El coeficiente de actualización se publica cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
El ‘truco’ municipal
Numerosos consistorios solicitan casi cada año al Estado que actualice el catastro de modo que pueden alegar ante sus ciudadanos que ellos no suben los impuestos o tasas y que si finalmente el recibo del IBI que pagan los ciudadanos aumenta es por culpa del Estado. Un ‘truco’ en toda regla: solicitan la subida (y se benefician de ella) pero aparecen ‘limpios’ ante la opinión pública y pueden sacar pecho de ‘buenos gestores’.
Según fuentes de la Cambra de la Propietat Urbana, «en 2017 los propietarios no han de ver aumentados los valores catastrales y, en consecuencia, los Ayuntamientos no podrán excusarse con las subidas que se hacían por parte del Estado en sus leyes de presupuestos para incrementar el IBI. Esta es una consecuencia de la imposibilidad de aprobar los Presupuestos del 2017».
Si finalmente los Ayuntamientos quisieran mantener la recaudación por el IBI deberían incrementar el tipo impositivo municipal que aplican sobre el valor catastral.
En 2015 fueron 78 los municipios que solicitaron el coeficiente de actualización. Después de que dichos coeficientes salieran en los Presupuestos para este año, el IBI que cobraron finalmente al ciudadano aumentó entre un 10% (como en el caso de Tarragona, Salou, Valls, Vila-seca, L’Ametlla de Mar...) y un 12%, como en La Palma d’Ebre o La Pobla de Montornés.
Según explicaba el BOE del sábado pasado, los Ayuntamientos que solicitaban la revisión catastral debían cumplir una serie de requisitos como «que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el año 2017 requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2012».
La segunda condición era que «que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio». La Cambra de la Propietat Urbana pone en cuestión que se pueda revalorizar el valor catastral teniendo en cuenta que el valor real de muchos inmuebles ha descendido por la crisis inmobiliaria.
Aunque son municipios menos poblados, fuentes consultados por Diari de Tarragona aseguran que a localidades como El Catllar, La Pobla de Montornés o Els Pallaresos la actualización del coeficiente a aplicar sobre el valor catastral puede suponerles importantes ingresos ya que son localidades donde se ha construido mucho en los últimos años.
Hay que tener en cuenta que el mencionado coeficiente es mayor cuanto más antigua sea la última revisión catastral general. Els Pallaresos y El Catllar la hicieron en 1990 y La Pobla de Montornés en 1988. El año pasado los tres municipios también solicitaron la actualización lo que repercutió en unas subidas del 10%, también el 10% y el 12%, respectivamente.
