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Los Mossos han llevado este año a los juzgados los casos de dos niñas del Camp de Tarragona que han sufrido mutilación genital. Estos hechos, detectados en revisiones médicas, son tan sólo la punta del iceberg del trabajo en red existente para prevenir y combatir estas graves lesiones, que están tipificadas como delito y pueden suponer penas de seis a doce años de prisión. Cada vez son más los municipios tarraconenses que constituyen mesas locales sobre la mutilación genital femenina. En estos foros, los agentes sociales, educativos, sanitarios y policiales comparten información y acuerdan estrategias para minimizar riesgos. En Tarragona, el grupo pone el foco en más de 160 menores de familias que provienen de países donde se hacen estas prácticas.
Los grupos de trabajo intercambian información sobre la población de riesgo y hacen seguimiento de las familias. Según el protocolo, a los padres y madres se les ofrece firmar un documento con el que se comprometen a evitar la mutilación genital femenina, sobre todo si tienen previsto viajar con las menores en los países de origen. En estos casos, se hacen revisiones pediátricas antes y después para confirmar que no se les haya practicado la ablación.
Mayte Saval, del Grupo Regional de Atención a la Víctima de los Mossos en Tarragona, subraya que el contacto cercano y la firma del compromiso de no mutilación hace que muchas familias lleguen al convencimiento de abandonar esta práctica.
El peso de la tradición
Los mitos y las tradiciones, sin embargo, son el principal escollo a superar. Por ello, comprometerse por escrito contra la mutilación y conocer que en Catalunya se castiga con penas de prisión, se convierten argumentos de peso para desmarcarse ante la familia en el país de origen. La red también trabaja para desmontar mitos que vinculan estas prácticas con la religión, la higiene o la impureza de los órganos sexuales femeninos.
La tarea preventiva, sin embargo, no siempre permite neutralizar estas prácticas. Cuando se descubre que se ha consumado el delito o se aprecia un riesgo inminente, los Mossos intervienen y lo trasladan a los juzgados para que adopten las medidas cautelares pertinentes. Hay que tener presente que los progenitores pueden ingresar en prisión preventiva y que esto puede producir un sentimiento de culpa en las menores.
«La prevención es básica y nuestra actuación debería ser el último escalón cuando el resto de profesionales no haya podido evitar este riesgo», apunta Mayte Saval. A la hora de establecer el riesgo hay que aclarar si las familias pertenecen a etnias practicantes, si tienen antecedentes familiares de mujeres mutiladas, conocer cuál es el posicionamiento del padre y la madre al respecto y estar alerta de posibles viajes.
«Las consecuencias de estos hechos son muy brutales porque tienen efectos psicológicos, físicos y sociales. Las víctimas quedan muy traumatizadas», señala la agente. La mutilación implica la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos o, incluso, otras agresiones a los órganos genitales como la sutura de la abertura vaginal. Es una práctica que tiene lugar en etnias de más de una veintena de países africanos, pero también de Asia y de América Latina. Puede ser un requisito ineludible para poder casarse, para alcanzar una determinada posición o simplemente para que sea aceptada en la comunidad, ya que con la intervención se cree que la mujer consigue limpieza y pureza.
Matrimonio forzado
Por otra parte, durante este año se ha podido evitar el matrimonio forzado de una menor en el Camp de Tarragona. En estos casos, el entorno de la víctima es clave para detectar la amenaza, que a menudo se esconde tras un absentismo escolar injustificado, viajes en pleno curso escolar, desmotivación, malos tratos e, incluso, intentos de suicidio. En estos casos, como en la mutilación genital, los viajes son un gran peligro.
