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El sector del transporte prepara dos nuevas jornadas de protesta en contra del desvío obligatorio de los camiones a la autopista. Están fijadas en el calendario para los días 31 de octubre y 5 de diciembre, coincidiendo con el arranque de los puentes de Tots los Sants y de la Constitución.
Así lo acordaron ayer por la mañana en la asamblea con representantes de las patronales de las cuatro demarcaciones catalanas. «No podemos aceptar que todo el mundo diga que el transporte es necesario pero nadie quiere ver a un camión por la carretera», lamentaba el director de la Federació Empresarial d’Auto-Transport, Josep Lluís Aymat.
Tras la marcha lenta del pasado día 11 de octubre, en la que participaron unos 250 vehículos, este colectivo volverá a salir de nuevo a la carretera en una marcha lenta que saldrá del polígono Riu Clar, hacia la circunvalación de Tarragona y hasta la rotonda de acceso a la AP-7, en Torredembarra.
Allí los vehículos protagonizarán un corte de carretera de unos treinta minutos, antes de volver de nuevo hacia Tarragona. También en Terres de l’Ebre y Bellvei del Penedès se realizarán marchas lentas simultáneas, mientras que las asociaciones del resto de territorios deberán consultar ahora entre sus asociados su adhesión a la protesta.
Aymat afirmó que «creemos que tenemos la razón y no vamos a ceder hasta que se pongan las medidas necesarias». Explicaron que tras la primera movilización solicitaron una reunión conjunta con los consellers de Interior y Territori i Sostenibilitat. Pese a ello, la Generalitat aún no les ha citado.
Con el encuentro, los camioneros quieren que se modifique de forma definitiva el decreto que fija el desvío, de forma que éste tenga que hacerse según el sentido de la marcha, evitando hacer kilómetros innecesarios. «Es una cuestión que podrían modificar de forma inmediata y al menos veríamos que la administración está en el camino de la rectificación», decía el representante del sector del transporte.
Tras la reunión de la Taula de la Qualitat de l’Aire, el pasado viernes en La Canonja, el conseller Damià Calvet afirmó que esto se resolverá en «cuestión de semanas». Pese a ello, ayer Aymat afirmaba que «no necesitamos palabras, sino que se pongan medidas ya porque en Girona hace cinco años que se pusieron en marcha las restricciones y aún están dando la vuelta. Aquí no estamos dispuestos a lo mismo».
El desvío de los camiones entró en funcionamiento el pasado día 2 de septiembre. Afecta a la N-340 y a la N-240, obligando a los transportistas a utilizar de forma obligatoria la AP-7 o la AP-2, respectivamente. Como contraprestación, el sector recibe bonificaciones que van del 42% al 50%.
El colectivo denuncia que se han tomado las medidas sin atender a sus necesidades. Y, en este sentido, afirmaba que «las restricciones de cualquier tipo no serán aceptadas excepto que sean previamente negociadas con los transportistas y justificada su necesidad».
Además, estos profesionales denuncian que se está criminalizando al sector. «La administración quiere desviar el foco de atención y culpabiliza al sector del transporte de lo que es exclusivamente su responabilidad», explica el comunicado redactado por la Feat.
La entrada en funcionamiento de la medida ha supuesto un incremento sustancial del tráfico de camiones por la autopista. El aumento más sustancial se ha registrado en la AP-7 en el tramo de Peñíscola a L’Hospitalet de l’Infant.
