La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad reclamar al Ministerio del Interior y al Departament d’Interior un «plan integral» para proteger jueces, magistrados y también sedes judiciales. En el acuerdo, afirman que la preocupación crece porque «estas conductas criminales se reproducen y multiplican», en culpabilizan los CDR (sin decir su nombre) y critican que algún «alto representante de las instituciones anime» a hacer estas acciones.
También dicen que no perciben «como efectiva» la investigación por parte de los Mossos de estas acciones y solicitan la intervención de la Fiscalía General del Estado para que lo «supervise» y descarte «omisiones» de las que, avisa, se podrían exigir responsabilidades.
En el escrito, remarcan que los hechos contra los magistrados y sus familias «se han reproducido y multiplicado» y dicen que ya empezaron hace años y que ahora han virado a «conductas criminales». Además, se refieren a los hechos de la semana pasada cuando los CDR tiraron excrementos e hicieron pintadas en diferentes sedes judiciales. A raíz de ello, piden que se garantice la independencia del poder judicial para que ello supone «garantizar la democracia».