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El sector del transporte sale de nuevo a protestar a la carretera. En esta ocasión, la movilización llega por la medida que, desde el pasado 2 de septiembre, obliga a los camiones a utilizar la autopista en aquellos tramos en los que ésta representa una alternativa a la nacional.
La acción será conjunta por parte de las patronales del sector en las cuatro demarcaciones catalanas. Éstas organizarán marchas lentas que arrancarán a partir de las cinco de la tarde para ralentizar el tráfico en algunos de los principales ejes del país. La Federació Empresarial d’Auto-Transport (FEAT), que es una de las organizaciones convocantes de la protesta, calcula que el pago obligado de los peajes supone un sobrecoste de entre 300 y 600 euros mensuales.
Los transportistas denuncian que los criterios de acceso a la autopista en ocasiones obligan a recorridos adicionales de más de veinte kilómetros por trayecto. Además, lamentan la «criminalización de los transportistas que lleva aparejada la adopción de este tipo de medidas».
En el caso de la demarcación de Tarragona hay dos puntos de encuentro previstos. Uno es el polígono Riu Clar, en el que se prevé que acudan los transportistas del Camp de Tarragona. Los camiones saldrán en dirección a la A-7 y tomarán la circunvalación urbana, hasta la rotonda de La Móra y la rotonda de acceso a la AP-7 desde Torredembarra. Allí cogerán la autopista para dirigirse de nuevo a Tarragona y poder iniciar de nuevo el circuito.
Está previsto un segundo punto de manifestación en las Terres de l’Ebre. En este caso, el punto de encuentro es L’Aldea y está previsto que la marcha de vehículos llegue hasta Alcanar.
Amenaza para los autónomos
El sector del transporte recibía ayer el apoyo de la Cambra de Comerç de Tarragona. Su presidenta, Laura Roigé, afirmaba que «el transporte tiene un peso demasiado importante dentro de la economía de las comarcas de Tarragona como para que de repente le aumenten los costes unitarios de explotación, lo que le restará competitividad y puede comprometer, incluso, el futuro de muchos autónomos».
La máxima representante de la corporación tarraconense considera que «la medida no está bien aplicada, además de tener un impacto económico considerable para las empresas». Roigé denuncia que se ha visto afectada la seguridad viaria de la autopista a causa de unos accesos y enlaces que «no están preparados para absorber el elevado tráfico de vehículos pesados».
