Se acercan elecciones, se disparan las obras

Año electoral, año de inauguraciones. El 2019 no será muy distinto y se cumplirá esa consigna, casi un axioma. El próximo mayo se celebrarán los comicios municipales. A poco más de seis meses de la cita con las urnas, los alcaldes ya empiezan a ponerse las pilas. Sólo hace falta que usted, como ciudadano, eche un ojo alrededor cuando camine por la calle: obras en una red de alcantarillado de Vila-seca, máquinas en el barranco del Regueral de Cambrils, una excavadora empezando un estadio de fútbol en Salou, andamios en la pasarela Baix a Mar de Torredembarra, asfaltado en la remodelada Plaça Villarroel de Reus y limpieza y jardinería a fondo en espacios públicos de Tarragona, con la brigada a destajo. 

Y, así, multitud de ejemplos de intervenciones actuales o recientes. Que en las calles y edificios públicos de los municipios de Tarragona se ven de nuevo albañiles y andamios es algo que demuestran las últimas estadísticas de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obra de Catalunya. 

Los ayuntamientos son los líderes de la licitación. De enero a septiembre de este año, la Diputació y los consistorios licitaron en la provincia obras por valor de 67,2 millones de euros. Es casi un 50% más que en el mismo periodo del año pasado (44,9) y es aún más que en 2017, cuando la cifra se quedó en 41,3 millones. 

«A veces la oposición frena los proyectos durante tiempo y acaban haciéndose para las elecciones», Fèlix Alonso, alcalde de Altafulla
 

El incremento conforme ha ido avanzando el año ha sido notorio: de los 19,5 millones del primer trimestre, a los 21,9 del segundo y a los 25,7; unos aumentos progresivos a medida que se acercan las elecciones. En la lista de cantidades licitadas, destaca la Diputació de Tarragona, con 8,8 millones. Reus Serveis Municipals (7,9) y el Ayuntamiento de Amposta (3,5) figuran entre los entes que más dinero han invertido. 

Las elecciones, «determinantes»
Calafell, Valls, Tortosa, Deltebre, Cambrils, Ascó, Riudecanyes y Riudoms se meten también en esas posiciones de cabeza en la lista. La Cambra Oficial de Contractistes admite la buena dinámica, aunque la matiza y la acota en el tiempo, como sostiene en su último informe: «El hecho de que en 2019 se celebren elecciones municipales ha sido determinante para el dinamismo de los entes locales. Este impulso no tendrá continuidad una vez finalicen los comicios, por lo que se prevé que la licitación de los entes locales el año próximo sea ínfima». 

A nivel catalán, la administración local ha aumentado su volumen en un 20%. Es el nivel más activo, con un 63% sobre el total licitado. En la provincia, los 67,2 millones licitados por los municipios suponen el 55% del total de la administración. La licitación de obras en Catalunya ha aumentado entre enero y septiembre un 16% respecto al año pasado, alcanzando los 1.201 millones, fundamentalmente por ese empuje local. 

Sin embargo, la Cambra denuncia que ese importe es inferior a la media de los últimos 20 años, ubicada en 2.800 millones para el mismo periodo analizado. «El bajo volumen de licitación agrava el crónico déficit de inversión en infraestructuras, ya que la licitación de hoy es la producción e inversión de mañana», apunta el ente de contratistas. El contrato más grande firmado hasta ahora en los consistorios va a cargo de Reus. Fue en junio y se anunció una licitación de obra civil por 6,7 millones para actuaciones en redes de saneamiento y alcantarillado.

Hay voces, desde la oposición a los vecinos, críticas con esa inercia que sitúa las obras a meses antes de las elecciones. Algunos alcaldes tarraconenses, como Fèlix Alonso, de Altafulla, se defienden: «Nosotros no nos hemos parado. Hemos tenido en los últimos años siempre una política inversora. Hemos pasado la crisis, como todos, pero siempre teníamos equilibrio presupuestario. No hemos parado de invertir». 
Alonso huye de esa supuesta búsqueda de votos a golpe de proyectos y ladrillo en plena calle: «Si las obras coinciden con la campaña es porque a veces la oposición pone trabas para que no se lleguen a inaugurar antes de las elecciones, pero no tenemos ninguna intención electoralista. Siempre estamos invirtiendo». 

«Está demostrado que hay una correlación entre año electoral y compromiso de gasto», Fernando Álvarez, profesor de Economía UOC

Fernando Álvarez, profesor de los estudios de Economía y Empresa en la UOC y experto en el sector público, confirma la dinámica habitual a estas alturas del ciclo electoral: «Está demostrado que hay una correlación entre año electoral y compromiso de gasto. Los partidos tienden a usar las promesas electorales de mayores prestaciones, tanto de forma directa, vía subvenciones/transferencias, o de forma indirecta, con equipamientos o infraestructuras (colegios, parques...), para captar el voto del residente». 

Beneficio colectivo y viabilidad
Álvarez desglosa algunas de las claves de ese proceso: «La regla básica debería ser: que la prestación forme parte de las necesidades prioritarias del colectivo (que no vaya destinada únicamente a satisfacer una bolsa concreta de votantes) y que se demuestre la viabilidad económica de la infraestructura y de su mantenimiento». 

El desahogo municipal es, en parte, recompensa al trabajo realizado durante mucho tiempo. «Sin duda, las corporaciones locales son las que mayor esfuerzo han hecho por recomponer sus cuentas tras el estallido de la crisis, en parte, obligadas por las exigencias del Gobierno Central, y en parte por la aplicación de buenas prácticas ante sus ya tradicionales insuficiencias financieras (el cambio en el mecanismo de financiación de los ayuntamientos es un tema que sigue sin abordarse como debiera; igual que la financiación de las comunidades)», según indica Fernando Álvarez, que resume así el momento en el que estos entes se han presentado a las puertas de las municipales de 2019: «Podríamos decir que los ayuntamientos han superado la crisis y la fase de recortes con buena nota».  

216 euros

Los ayuntamientos de Tarragona se gastarán este año 216 euros por cabeza sólo en pavimentación de vía pública. Es un aumento respecto a los ejercicios anteriores. 

Desde hace meses, el Gobierno central permite a algunos ayuntamientos –los que están en una situación financiera sostenible– disponer de superávit para invertir, una decisión sensata para los expertos. «Parece razonable que los ayuntamientos puedan recuperar cierto margen de maniobra para atender las necesidades de sus ciudadanos. Siempre y cuando se respeten las reglas comentadas: que sean prioritarias (y después de estos años la lista de «indispensable» debería ser clara) y que sean asumibles económicamente», concluye Fernando Álvarez.