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La Generalitat de Catalunya ha solicitado al Ayuntamiento de Tarragona un certificado urbanístico para poder legalizar y desbloquear la situación en la que se encuentra el edificio de la Platja Llarga que, hasta el 30 de noviembre, albergará el Tòful de Mar y el Iot. Según ha podido saber el Diari, el Govern ha requerido al Consistorio este informe para poder tratar el tema en la reunión de la Comissió Territorial d’Urbanisme programada para el próximo día 27.
El organismo de la administración autonómica, en el que también están presentes representantes de la corporación local, analizará el documento solicitado al Ayuntamiento para concretar si el actual uso de restauración del emplazamiento es compatible con la calificación que la finca tiene en el POUM, que es de «sistema de equipamiento de titularidad pública». En este sentido, el Govern ha pedido a los técnicos municipales que detallen, en el encuentro de la próxima semana, si el uso de bar-restaurante se adapta a la legislación urbanística vigente, ya que el Ayuntamiento aún no ha redactado el plan especial previsto en el POUM que fue aprobado en el año 2013. Según las fuentes consultadas por el Diari, este hecho ha generado malestar en la administración autonómica, que acusa al Consistorio tarraconense de «inactividad».
«Lo que hacemos es garantizar la igualdad de acceso para todos los interesados en el concurso público»El objetivo de todo ello es avanzar hacia la licitación del espacio que desde 1986 alberga el Iot y, desde 2007, el Tòful de Mar. «Lo que hacemos ahora es garantizar la igualdad de acceso para todos los interesados en el concurso público», afirma el delegado del Govern en el Camp de Tarragona, Òscar Peris (ERC), quien «garantiza» que, pese a que el edificio cerrará el próximo 30 de noviembre, «el servicio que ahora prestan estos dos establecimientos estará adjudicado antes del próximo verano».
Òscar Peris
Delegado del Govern en TGN
De momento, Costas del Estado ya ha remitido un informe favorable sobre los usos de restauración del espacio. El objetivo es sacar a licitación el inmueble para realizar, durante los próximos meses, una primera adjudicación temporal, a la espera del plan especial –que está incluida en la Ciutat de Repòs– que definirá los usos y que derivará en una futura nueva concesión más duradera.
Varias prórrogas
Asimismo, en la Generalitat no ha sentado nada bien la carta que esta semana ha enviado el alcalde Josep Fèlix Ballesteros al Govern para pedir al delegado que haga «todo lo posible» para evitar el cierre de estos dos negocios.
Desde la Generalitat se remarca que, con el cierre de la Ciutat de Repòs a finales de 2011, se «advirtió a los dos negocios de que su situación debía regularizarse». Por ello, en 2012 se iniciaron unas negociaciones que llegaron a buen puerto en 2014 y que culminaron en 2015, cuando el Govern concedió a los dos locales un permiso temporal de tres años, a cambio de un canon, para que pudieran seguir con su actividad, «a la espera de que el Ayuntamiento realizara el plan especial necesario para poder convocar el concurso público», según revelan las fuentes consultadas, que lamentan la «inacción municipal».
Por ello, el pasado mes de mayo se concedió una prórroga de seis meses a los dos negocios, que finaliza dentro de 12 días, y que no será renovada «para garantizar que el concurso se convoca con total transparencia», según indican las fuentes del Govern, que reconocen haber recibido el interés de «varios operadores» para gestionar el edificio de la Platja Llarga.
