En plena época electoral hasta el próximo mes de junio, y a las puertas de cumplirse el primer año del mandato municipal, el PP apuesta por tirar de ideología para tensar al gobierno de la Plaça de la Font liderado por el alcalde Rubén Viñuales (PSC). ¿Y cuál es el leitmotiv por excelencia del Partido Popular? Sin lugar a dudas, «la excesiva presión fiscal» y la petición de «rebajar impuestos».
Tras las negociaciones de los tributos y del presupuesto municipal –en el que el PSC logró atraer a su favor a ERC, Junts y ECP para lograr el mayor consenso del siglo XXI: 20 votos de 27 posibles–, Maria Mercè Martorell (PP) se ha autoproclamado ya en más de una ocasión durante las últimas semanas como la «jefa de la oposición», tras su ‘no’ tanto al incremento impositivo –del 7,4% del IBI, del 12% de la basura, del 20% de la tasa de las terrazas y del 33% del Impuesto de Construcciones (ICIO)– como a las cuentas.
La receta: ser más y pagar menos
Ahora, una vez que ya se llevan más de nueve meses de legislatura –y que el divorcio entre socialistas y populares es evidente y parece no tener arreglo posible–, el PP mueve ficha para iniciar la negociación del nuevo Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que debe sustituir al que fue anulado en 2020 por el Tribunal Supremo.
Martorell, de hecho, liga la demanda de diseñar un «ambicioso» Plan General con una Tarragona de 200.000 habitantes con la política fiscal del consistorio. «Los servicios de la ciudad no pueden mejorar con la población actual y, por este motivo, debe aspirarse a crecer y superar los 200.000 habitantes para que, por economía de escala, los servicios sean más eficientes», indica la edil de la formación conservadora, quien detalla que «cuanta más gente seamos, más personas pagaremos impuestos y no será necesario que los tributos sean tan altos como los que se pagan en la actualidad», detalla Martorell.
El proyecto urbanístico-económica del tercer partido del Saló de Plens pasa por «dignificar» los barrios de Ponent «con más servicios, equipamientos y zonas verdes, pero no con más cemento», mientras que la apuesta de crecimiento la sitúa en Llevant y, en concreto, en la Budellera, un plan de un nuevo barrio que rechazaba el anterior ejecutivo municipal de Pau Ricomà (ERC) y que Viñuales (PSC) ha dejado en stand by para priorizar la Vall del Llorito.
«Los técnicos y las entidades del sector nos dicen que el Llorito será muy difícil de desarrollar, es una operación compleja por las propiedades y las edificaciones que hay. Nos parece mucho más adecuado apostar por la Budellera y Mas d’en Sorder, con viviendas de altura media, unifamiliares y más integradas en el entorno», resalta Martorell, quien de esta forma pone sobre la mesa sus cartas de cara a la que debe ser la gran negociación para abandonar las normas transitorias y que Tarragona pueda tener un POUM del siglo XXI.
