La situación en que viven las familias que habitan un edificio de 24 viviendas en el barrio tarraconense de Campclar, que ya llevan más de un mes sin luz, es insostenible e impropia de una ciudad del primer mundo. Desde que en la madrugada del 24 de marzo un incendio en el cuadro eléctrico, posiblemente como consecuencia de una conexión ilegal, dejó al bloque a oscuras, los vecinos no pueden cocinar, ni lavar la ropa, ni cargar el móvil, ni utilizar la nevera, ni acceder a internet, ni ver la tele... entre otras cosas. Se trata, además, de una comunidad compleja, donde conviven propietarios con inquilinos que pagan un reducido alquiler y con familias ocupas, algunas de las cuales ni siquiera sabían que lo eran, víctimas de mafias que se hacen con viviendas vacías y luego venden la llave. Además, la mitad de los pisos pertenecen a diferentes fondos de inversión que ni se preocupan del mantenimiento de sus inmuebles, ni pagan la comunidad, ni son fáciles de localizar. Y los vecinos carecen del dinero necesario para hacer frente a los gastos que requiere el arreglo del desperfecto.
La situación es compleja, pero la Administración debería contar con herramientas para evitar llegar a extremos tan dramáticos
La precariedad, pues, es total. El departamento de Serveis Socials del Ayuntamiento de Tarragona está al tanto de la situación, e incluso ha ofrecido a los afectados alguna solución habitacional de urgencia, como brindarles un techo donde dormir por tres noches, ampliable a otras, ofrecimiento que los vecinos rechazan por no suponer una solución real a sus necesidades y por miedo a que si abandonan sus hogares los encuentren ocupados a su regreso. La Agència de l’Habitatge de Catalunya se desentiende, al considerar que el problema es de unos particulares y que es el Ayuntamientio el que debe actuar. Y así, solo cuentan con la solidaridad de los vecinos de la zona y familiares, que les dejan cargar el móvil, lavar la ropa y cubrir otras necesidades básicas. Aunque no sea de su competencia directa, la Administración debería tener herramientas que eviten situaciones tan dramáticas. Asimismo, debe afrontar como una prioridad de primer orden la asignatura pendiente del acceso a la vivienda.