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Los juristas tarraconenses están divididos sobre las posibilidades legales para que el número ‘2’ de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, pueda ser investido como President de la Generalitat de Catalunya. El Diari ha preguntado a los cuatro últimos decanos del Col·legi d’Advocats, así como a varios letrados de prestigio de la demarcación, y lo cierto es que no hay consenso sobre las opciones que pueda tener el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para ser el plan B de Carles Puigdemont.
Antonio Salas: «Debe priorizarse la presunción de inocencia. Sànchez no tiene ninguna sentencia condenatoria»Entre los especialistas que considerarían posible su investidura justifican motivos como la presunción de inocencia, la inexistencia de una sentencia en firme o el hecho de que aún no ha finalizado la instrucción del caso, que recientemente ha sido declarado complejo», por lo que podría ampliarse en un año adicional.
Anton Húber: «Estrictamente, podría ser investido si el juez Llarena le diera permiso para acudir al pleno»Por contra, los letrados que aseguran que Sànchez no debe poder ser investido lo justifican con su encarcelamiento preventivo y el informe de los letrados del Parlament, que indican que es necesaria la presencia física del candidato para poder ser escogido.
Antoni Vives: «No lo veo viable por su situación procesal. El Constitucional le insta a que esté presente en el pleno»«No hay auto ni sentencia firme»
Antonio Salas de Córdoba, que fue decano entre 2008 y 2012, cree que «sin ninguna duda» Sànchez podría ser investido. «Debe priorizarse el principio de la presunción de inocencia y, además, en este caso, no hay ninguna sentencia en su contra», asegura Salas, quien critica «el uso que se da a la prisión preventiva».
Joan Anton Font: «Una persona en prisión provisional que no ha sido condenada puede optar a ser elegido»Otro exdecano del Col·legi d’Advocats de Tarragona entre 1997 y 2002, Anton Húber, cree que Sànchez podría ser votado como President «si el juez le da permiso para asistir al pleno». A juicio de Húber, «estrictamente, Sànchez podría ser votado si se da esta circunstancia, ya que los letrados del Parlament así lo aseguran en su informe». Pese a ello, añade que se trataría de una opción «poco operativa» y negativa para la efectividad del Govern.
Ramon Setó: «Si el juez Llarena no le deja ir al pleno estará prevaricando, ya que Sànchez tiene intacto su derecho a sufragio»Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, tiene claro que «una persona en prisión provisional que no ha sido condenada por ningún delito puede optar a la investidura». Font recuerda que «no hay ningún causa de cese o de incompatibilidad que lo impida», ya que «no hay ninguna condena firme que lo inhabilite», por lo que «no existe ningún impedimento legal».
Paco Zapater: «No conozco ninguna norma que lo prohíba, pero, judicialmente, Llarena no le dejará salir para evitar problemas de orden público»Entre los favorables a la investidura está también el abogado Ramon Setó, quien afirma que Jordi Sànchez «mantiene intacto el derecho a sufragio» y añade que «si el juez Llarena no le deja ir al pleno, estará prevaricando». En este sentido, desde el despacho Tarrés-Romero se indica que Sànchez podría ser escogido «porqué no hay un auto firme de imputación».
Manel Albiac: «La investidura de un preso por un presunto delito de sedición es jurídicamente inviable»«Llarena no accederá»
El abogado Paco Zapater reconoce que «no conozco ninguna norma que prohiba la investidura de Sànchez», pero lo ve inviable a partir de su elección. «Desde el punto de vista judicial, dudo mucho que el juez Llarena dé su niíhil óbstat, por las razones ya avanzadas en sus resoluciones anteriores, entre ellas los problemas de orden público que podrían originar las comparecencias de Sánchez en el Parlament» indica.
De manera contraria se expresa el actual decano del Col·legi d’Advocats de Tarragona, Manel Albiac. «Ni la investidura de Puigdemont ni Sánchez ni la de cualquier otro preso que se encuentre en prisión provisional por la comisión de un presunto delito de sedición es viable» indica, a la vez que añade: «Las normas del Parlament y la legalidad vigente no permiten una investidura ni una presidencia desde prisión. Esta propuesta, además, acarrearía importantes consecuencias penales el colapso del Parlament» resalta.
Pere LLuís Huguet: «Una persona procesada en situación de prisión preventiva puede ser inhabilitada»De manera parecida se expresa el abogado reusense Pere Lluís Huguet, quien recuerda que «en el auto de procesamiento, la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que una persona en prisión provisional puede ser inhabilitado», un hecho que, a su entender, «imposibilita su candidatura.
Finalmente, Antoni Vives –decano de los abogados tarraconenses entre 2002 y 2008– cree que su investidura «sería inviable por su situación procesal», ya que «el Constitucional le insta a estar presente en el pleno de votación».
