Jorge Fernández, desalojado por segunda vez de enfrente del Ayuntamiento de Cambrils

Una patrulla de la Policia Local de Cambrils volvió este viernes por la mañana a intervenir una serie de enseres personales a Jorge Fernández, el okupa que reclama empadronarse en la ciudad alegando que su vivienda es la destartalada residencia Montemar, en la zona residencial de Vilafortuny.

El Ayuntamiento, que sigue dando largas a este hombre al considerar que no cumple los requisitos para inscribirse en el censo, se ha visto obligado a intervenir en dos ocasiones (en la madrugada del domingo 2 de septiembre y en la mañana de este viernes día 7) para "recuperar" un espacio público que se ha apropiado Jorge Fernández para exponer su huelga de hambre y su enfrentamiento con el actual gobierno municipal, liderado por la alcaldesa de ERC, Camí Mendoza.

Sin ir más lejos, y antes de este desalojo del viernes, el día anterior ya protagonizó otra "resistencia" en el interior del hall municipal al no agradarle el resultado de la reunión con Serveis Socials. 

La Policía Local tuvo que intervenir de nuevo para sugerir a los ocho "okupantes" del edificio consistorial que debían abandonarlo por las buenas o por las malas. Y a las 16.30 horas terminaba el paripé de estas personas que consideran que ellos recuperan la Residencia Montemar de Vilafortuny y no la okupan, criterio totalmente contrario a un gran número de vecinos que desde el 22 de junio, el primer día de entrada en el antiguo geriátrico se han movilizado para evitar la presencia de personas dentro del edificio.

Así, la Policía Local de Cambrils se personó minutos después de las 6 de la mañana (en el inicio del turno) para intervenir objetos que había instalado Fernández para exponer su problemática. Los agentes se llevaron la carpa, sillas y un puf de color azul donde permanecía muchas horas sentado. Los agentes levantaron acta y la actuación terminó poco antes de la una de la tarde.

El desalojo del espacio público se ampara en el uso privativo que hace Fernández para esta protesta. Al igual que el pasado domingo, fue una orden aprobada por Junta de Gobierno Local para poder llevarla a cabo.

La orden aprobada por el gobierno municipal (ERC, PSC y PDeCAT) tenía fecha del día 31 de agosto, viernes, y se ordenaba la retirada de objetos, mobiliario y otros elementos por "ocupación privativa de la vía pública sin haber obtenido preceptiva autorización municipal". Aquel día, al igual que el viernes, no hubo incidendetes y sólo intercambio de palabras y reproches.