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La nueva ley de memoria histórica que registró el PSOE en el Congreso el pasado diciembre corre el riesgo de convertirse en papel mojado.
El Gobierno comunicó el miércoles, al límite del plazo, que ejercerá el derecho de veto que le concede la Constitución sobre aquellas inicativas parlamentarias que suponen «aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios».
Ahora será la Mesa de la Cámara baja la que tendrá que decidir si considera o no fundado el bloqueo, lo que, en la práctica, sitúa la pelota en el tejado de Ciudadanos.
La proposición de ley socialista -reforma de la impulsada hace ya diez años por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero- contempla, entre otras cosas, que el Estado asuma la obligación de localizar, identificar y exhumar a las cerca de 100.000 desaparecidos que, según las estimaciones, permanecen en fosas comunes y cunetas de toda España.
También pretende garantizar indemnizaciones a las familias, aún no compensadas, de quienes murieron «en defensa de la democracia» entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978 y reparar el daño a quienes sufrieron incautaciones de bienes o sanciones económicas entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1945 o a sus herederos, en caso de que ya hayan fallecido.
El Gobierno calcula que el coste de estas y otras medidas contempladas en la propuesta ascendería a más de 213 millones y apunta que esa cantidad rebasa la partida anual que se consigna en los Presupuestos para cumplir con la normativa en vigor.
Partida que considera «suficiente». «El PP -recriminó ayer el responsable de Justicia del PSOE, Andrés Perelló- , no quiere que se cierren las heridas de la Guerra Civil».
La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, volvió su mirada hacia Ciudadanos y le reclamó que no apoye a los populares en esta decisión.«Entendemos que ese veto manifiesta una vez más el desprecio del Gobierno de Rajoy a las políticas sociales y garantía de los derechos», adujo.
El partido de Albert Rivera defiende que el veto es constitucional y que sólo es rechazable en casos en que no esté debidamente justificado. Hasta ahora sólo se ha opuesto a dos de 50 planteados.
Podemos, en el Valle de los Caídos
Por su parte, un grupo de eurodiputados, encabezados por los parlamentarios de Podemos Miguel Urbán y José Davíd Carracedo, tienen previsto visitar hoy el Valle de los Caídos con la intención de «dar a conocer internacionalmente la situación de impunidad en el Estado español» con los crímenes del franquismo.
En concreto, los eurodiputados visitarán «varios monumentos franquistas», entre los que cita «el recinto del Valle de Cuelgamuros y el Cementerio Parroquial de San Lorenzo de El Escorial.
Participarán en esta visita los eurodiputados Martin Schirdewan (Die Linke), Stelios Kouloglou (Syriza), Ana Gomes (PS-S&D), Antonio Marinho e Pinto (Partido Democrático Republicano-ALDE), Ana Miranda (BNG), Izaskun Bilbao (PNV) y Javier Couso (IU).
