Reus

El Ayuntamiento de Reus aprueba sacar a concurso el uso del Estadi

PP y Cs apoyan la votación para licitar el campo municipal El equipo de gobierno, con el apoyo del PSC, también ha desatascado el caso del Cafè de Reus y aplicará una moratoria de un año en el pago del alquiler.

El pleno del Ayuntamiento de Reus ha aprobado este lunes sacar a concurso público el derecho de uso del Estadi Municipal con el fin de que el CF Reus Deportiu pueda poner al día el campo. El equipo de gobierno ha contado con los votos a favor de PP y de Cs para aprobar una polémica moción que ha reunido a un gran número de asistentes contrarios a la decisión. La mayoría de ellos miembros de la Plataforma Camp de Rugbi Reus con pancartas como 'Reus és una ciutat de Rugbi'.

El concejal de Deportes, Jordi Cervera, ha asegurado que la medida es necesaria para la ciudad y que permitirá disponer de recursos para definir el nuevo Mapa d'Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM) y realizar nuevas inversiones en equipamientos. Especialmente crítico ha sido el concejal del PSC, Andreu Martín, quien ha lamentado que "un año después seguimos sin tener un campo de rugby alternativo". Unas acusaciones a las que el propio Cervera ha respondido: "Hablo con quien tengo que hablar. Hablo con la gente del rugby y trabajamos para tener el MIEM listo".

Las obras de mejora del Estadi Municipal están valoradas en tres millones de euros

En la misma línea se ha manifestado el concejal de la CUP, Edgar Fernández, quien, además, ha acusado al alcalde Carles Pellicer y al resto de gobierno de "incompetencia". Unas palabras que han derivado en un cruce de declaraciones entre ambos y que han terminado con el alcalde acusando a lo scupaires de "faltar a la verdad" y de" no asistir a las comisiones encargadas de tratar la cuestión". El propio Pellicer también ha dejado claro que "no soy partidario de la venta de patrimonio municipal. Y tras estudiar el caso la opción de la concesión era mayoritaria entre los partidos". 

Los trabajos necesarios que se deberán realizar y que marca el pliego de condiciones están valorados en unos tres millones. Entre ellos están, por ejemplo, la ampliación del aforo del estadio, la mejora de los campos de entrenamiento o la construcción de más vestuarios.

Cafè de Reus

El Ayuntamiento de Reus también ha dado el primer paso para desatascar el traspaso del Cafè de Reus. El equipo de gobierno ha aprobado, con el voto a favor del PSC, la modificación de las condiciones de traspaso para facilitar que el local, de titularidad municipal, pueda reabrir cuando antes. Así pues, los nuevos inquilinos dispondrán de una moratoria de un año en el pago del alquiler, que es de 2.177 euros. También se ha fijado que el contrato tenga una duración de 10 años prorrogable otros cinco y que las mejoras realizadas quedarán en beneficio del consistorio. 

Existe un impago de los anteriores arrendatarios de unos 30.000 euros

El concejal de Hisenda, Joaquim Enrech, ha justificado la decisión por las complicadas condiciones económicas que envuelven el traspaso del Cafè de Reus y la buena predisposición de los nuevos arrendatarios a ejecutar el proyecto. Sin ir más lejos, los anteriores inquilinos dejaron impagada una deuda de 30.000€ y el local requiere de una inversión de mejora estimada en unos 100.000€. Unas cantidades que asumirían la empresa interesada.

"No podemos perder la licencia de uso de restauración de un establecimiento emblemático para la ciudad. Es un activo importante". Con estas palabras se ha manifestado el alcalde de Reus, Carles Pellicer, una vez finalizada la votación. Por su parte, el portavoz del PSC, Andreu Martín, ha explicado que su partido apoyaba al equipo de gobierno para no "cargarse" un proyecto empresarial y porque "no tenemos una alternativa clara que mejore la actual".

Entre el resto de partidos de la oposición, la opinión generalizada ha sido que la moratoria de un año supone una «competencia desleal» con el resto de bares y restaurantes de la ciudad. Ésta ha sido la postura de Juan Carlos Sánchez, de Ciudadanos, quien ha subrayado que en el mercado privado las moratorias nunca superan los seis meses.

En la misma línea se ha posicionado su homólogo en el PP, Sebastià Domènech, quien también ha asegurado que «hay que preservar el buen uso del dinero público». 

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