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El Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona ha declarado causa compleja la investigación por el procedimiento del plan de la Budellera, lo que significa que el magistrado contará con seis meses más para averiguar sobre el caso.
La investigación judicial se inició a raíz de la querella presentada en febrero por la CUP contra el concejal de Urbanisme del Ayuntamiento de Tarragona, Josep Maria Milà, y el constructor y empresario tarraconense José Luis García por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio. Todos ellos relacionados con la implicación de ambos en la tramitación del plan de la Budellera.
Antes de empezar el verano, el juez comunicó a las partes implicadas en el procedimiento que los seis primeros meses de instrucción estaban terminando. Era el momento de que el magistrado decidiera si abrir juicio penal o bien archivar el caso. Finalmente, el juez creyó conveniente ampliar la investigación hasta el 19 de abril, seis meses más.
«Es normal que hayan declarado la causa compleja. Quedan muchas pruebas y declaraciones pendientes», asegura Montse Aumatell, abogada de la CUP. Aparte de los dos investigados –que fueron a declarar el pasado mes de abril y salieron por la puerta de atrás de los juzgados–, por el momento sólo ha comparecido ante el juez en calidad de testigo el hijo del concejal Josep Maria Milà. Fue en mayo.
Milà padre, arquitecto de profesión, participó antes de entrar en el Ayuntamiento en la redacción de varias fases del proyecto urbanístico de la Budellera, donde está prevista la construcción de unas 4.000 viviendas en la zona de Llevant. Ahora es su hijo, también arquitecto, quien se encarga de firmar los planos de la futura urbanización.
Ahora Milà se ausenta
El concejal participó en septiembre de 2016 en una votación en la Junta de Govern municipal donde se aprobó seguir adelante con el proyecto de la urbanización. Un acuerdo que tuvo la unanimidad de todos los presentes, por lo que el voto de Milà no era decisivo. Fue entonces cuando la CUP solicitó un informe jurídico al secretario judicial, quien reconoció que el edil debería haberse abstenido. Desde entonces, cada vez que se habla de la Budellera, Milà se ausenta.
La CUP finalmente decidió llevar el caso ante los tribunales. Según la formación anticapitalista, «la querella no tiene nada que ver con el contenido del polémico plan, sino con el procedimiento con el que se ha llevado a cabo».
