INIPRO: el día 12 a las 12

El miércoles día 12 a las doce del mediodía. Ésta es la fecha y la hora elegida por el letrado de la Administración de Justicia –antes secretario judicial– del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona para entregar a los abogados –o procuradores– e investigados del Caso Inipro el auto de apertura de procedimiento abreviado. Es el documento donde el magistrado Joaquín Elías Gadea, después de haber finalizado la instrucción del asunto, determina qué personas tienen que ser finalmente juzgadas en la Audiencia Provincial de Tarragona.

Cabe recordar que en la lista de investigados figuran el alcalde Josep Fèlix Ballesteros y la concejal Begoña Floria, entre otros. De hecho, Ballesteros reiteró ayer su disposición y confianza en la Justicia y aseguró estar convencido de su inocencia: «Estoy contento porque por fin se ha acabado la fase de instrucción, un trámite que no altera en nada el procedimiento y que, por descontado, no afecta mi labor al frente del Ayuntamiento».

Ayer, el letrado de la Administración de Justicia envió el escrito a todas las partes personadas en la causa anunciándoles la fecha en que tienen que acudir al Juzgado para recoger no sólo el auto, sino también copia de toda la documentación. Dicha copia se entregará en formato digital.

Tras prácticamente dos años y medio de instrucción, el magistrado puso fin el pasado mes de mayo a la investigación sobre lo que sucedió con la adjudicación a la empresa Iniciatives i Programes (Inipro) de un contrato de servicios a fin de «potenciar el asociacionismo entre la población recién llegada» a Tarragona. Más de 4.000 folios componen una de las causas más mediáticas de los últimos años en la ciudad. Por ello, se espera también con impaciencia el auto del juez para saber quién finalmente irá a juicio.

Un auto extenso

A tenor de algunos de los autos anteriores del juez instructor –del 13 de enero y 15 de noviembre de 2016–, todo apunta a que el de la próxima semana será también de decenas de folios para explicar qué decisión ha tomado sobre cada uno de los quince investigados en la causa. El número 16 era Ricard Campàs, gerente de Inipro, fallecido durante la fase de instrucción.

Muchos de los encausados tienen la intuición –así lo comentan en privado– de que el proceso contra ellos va a seguir adelante. Incluso los más osados son conscientes de que el magistrado no va a hacer saltar de la lista a ninguno de los 15. Lo que parece estar claro es que el número será elevado, en base a las investigaciones realizadas hasta el momento y las resoluciones del juez.

Pero lo que nadie sabe –excepto el propio juez– es qué delitos se imputarán a cada investigado. Cabe recordar que las diligencias previas eran por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios de las subastas. La denuncia la puso la CUP en diciembre de 2015. Apuntaba posibles irregularidades tanto en el proceso de contratación como en su prórroga.

Es más, apuntaba a una falta de contraprestación por parte de la mercantil adjudicataria, o sea, que dicha empresa no había realizado los trabajos para los que había sido contratada. Esta ha sido una pugna entre la acusación y la defensa, que ha intentado aportar testimonios de que realmente el trabajo sí se hizo.

El juez instructor, en sus autos, ha venido analizando la documentación que le ha ido llegando, así como también las declaraciones de los encausados y de los testigos. En estos autos, el magistrado se ha mostrado escéptico sobre la necesidad de realizar este estudio por parte de una empresa externa al Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) del Ayuntamiento, máxime cuando en aquellas fechas el IMSS tenía aproximadamente 120 trabajadores, «y una unidad técnica especialmente dedicada a la inmigración, con capacidad para hacer frente al objetivo reseñado».

«No era el mejor momento»

El juez también dejaba en el aire si era el mejor momento para encargar este trabajo en 2009, cuando la población extranjera había descendido, al igual que en los años posteriores, cuando hubo las prórrogas. Pero además, de la información aportada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se desprende que en 2012 el IMSS declaró el pago de 121.569,60 euros, mientras que la cantidad que dijo Inipro fue de 104.293,92 euros. Este desfase, junto con otras evidencias surgidas a lo largo de la investigación, hizo que el juez llegara a citar al PSC en calidad de partícipe a título lucrativo. Y es que el juez ha sostenido desde el principio que toda la operación se hizo para financiar a dicho partido político, algo que las defensas rechazan y han intentado demostrar que no era verdad, que nadie se benefició del contrato, que el trabajo se hizo  y que si hubo irregularidades, éstas fueron de índole administrativa, no penal.

Con el auto que se comunicará la próxima semana se cierra una etapa. Sin embargo, la decisión del juez instructor puede ser recurrida en apelación ante alguna de las dos salas penales de la Audiencia Provincial, como seguramente harán los abogados de las personas que el magistrado considera que tienen que ir a juicio. 

Tras la decisión de la máxima instancia judicial de la provincia, el caso estará listo para que las partes presenten su escrito. Primero lo tendrá que hacer la acusación. Después tocará el turno a las defensas. Y el juicio en la Audiencia Provincial todavía tendrá que esperar muchos meses.