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Tres personas se sentarán el próximo 8 de marzo en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona acusados de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal. Por el primero el fiscal solicita cuatro años y medio de prisión y el pago de una multa de 10.000 euros, a lo que hay que sumar un año más por el segundo.
Uno de los acusados contactó con personas que se encuentran en el extranjero para que le remitieran droga para comercializar. También se puso en contacto con el otro imputado para que captara a una tercera persona para que recibiera el paquete en su domicilio a cambio de una compensación económica.
Personas no identificadas remitieron al acusado un paquete postal conteniendo droga en su interior. El envío fue efectuado desde la localidad brasileña de Nova Mamoré, en la frontera con Bolivia. Figuraba como destinataria la acusada, que vive en Bonavista.
El 20 de agosto de 2015 dicho paquete fue detectado en el aeropuerto de Barajas. Al ser analizado por rayos X se vio que en su interior se encontraban sustancias estupefacientes. Se solicitó autorización al juez para realizar una entrega controlada.
Entrega controlada
Dos días después, los agentes montaron un dispositivo de vigilancia en la oficina de Correos de Bonavista. A las dos de la tarde, la acusada se personó y pidió la entrega del paquete. En el momento de recogerlo fue detenida.
El mismo día 27, con autorización del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, se abrió el paquete. En su interior había 33 láminas con imágenes religiosas impregnadas de cocaína. El peso neto total era de 1.606,7 gramos, de una pureza del 1,5 por ciento. Por ello, el total de la cocaína base era de 24 gramos, con un valor en el mercado si se hubiera vendido en dosis de 5.829,51 euros.
