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La Audiencia de Tarragona da diez días a los tres condenados por el conocido Caso Bershka –Santi Fortuny, la concejal de la CUP Laia Estrada y Diego Corredor– para que depositen en la cuenta corriente de los Juzgados los 2.250 euros correspondientes a la responsabilidad civil a la que fueron sentenciados para hacer frente al pago de la indemnizaciones. Así consta en un auto de la Sección Cuarta. En caso de no hacerlo voluntariamente se procederá a iniciar la vía de apremio.
Después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmitiera a trámite el pasado 29 de noviembre el recurso de casación presentado por los tres acusados contra la sentencia condenatoria de la Audiencia de Tarragona, la decisión ha pasado a ser firme, por lo que ha comenzado la fase de ejecución de sentencia.
Además del importe de las indemnizaciones, los magistrados piden que se soliciten los antecedentes penales de los tres acusados y que dicha información sea facilitada a las defensas. A estas se les concede quince días para que indiquen si piden alguna medida suspensiva de la pena de prisión impuesta. Como se recordará, fueron condenados a tres meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante este tiempo.
El auto no indica si esta inhabilitación implica que la concejal Laia Estrada tenga que dejar su silla en el Ayuntamiento de Tarragona.
Posible falso testimonio
La resolución de la Sección Cuarta también recoge la remisión a la Fiscalía de las actuaciones por posible delito de falso testimonio por parte de un testigo que declaró en el juicio, tal como recogía la sentencia.
Como los tres acusados fueron condenados a pagar cada uno la 1/15 parte de las costas del proceso judicial, la Audiencia Provincial de Tarragona concede diez días a la acusación particular para que presente minuta de honorarios de letrados y procurador para proceder a la correspondiente tasación de costas.
Asimismo, se devuelve al Ayuntamiento de Tarragona los 4.000 euros que había depositado en concepto de fianza para hacer frente si hubiera sido condenado al pago de alguna parte del proceso.
En este caso, cabe recordar que los tres agentes de la Guàrdia Urbana de Tarragona acusados por los condenados –el Ministerio Fiscal solicitó durante el juicio su absolución– de los delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas, y de la falta de vejaciones fueron absueltos.
