Tarragona

Nadie retira las placas franquistas de las fachadas

Un recorrido por quince edificios demuestra que estas chapas siguen sin ser retiradas. El Ayuntamiento se había dado de plazo hasta el próximo 1 de abril para quitarlas, pero los vecinos no han recibido ninguna comunicación

Nadie retira las placas franquistas de las fachadas

Un vecino que se dispone a entrar en el número 16 de la calle Reding nota que fotografiamos la plaquita que pende de la fachada del edificio. Es una placa, como tantas otras regadas por edificios de la ciudad, donde el yugo y las flechas, símbolo de la Falange, acompañan al texto del extinto Ministerio de Vivienda. En ellas se anuncia que se trata de una vivienda de protección oficial de la época franquista.

Al hombre, al final, le vence la curiosidad y pregunta: ¿Qué estás haciendo?, ¿Echándole una foto a Franco? Le explicamos que, según una moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Tarragona el año pasado, todas estas placas deberían ser retiradas antes del 1 de abril de este año.  

El hombre asegura que al menos él no ha recibido ninguna notificación de que los vecinos deban retirar la placa, pero dice que si le llevan una escalera, él mismo se ocupa.

Hemos llegado hasta esta placa gracias al Censo de Simbología Franquista que hiciera el Memorial Democrático y cuyos resultados se publicaron en 2010. Ocho años más tarde elegimos quince edificios del centro con placas franquistas. El resultado es que trece de ellas siguen allí. Sólo en dos casos no están: en Prat de la Riba 33, donde a simple vista todo parece indicar que ha sido pintada del mismo color de la fachada, y otra de la calle Jaume I nº 6 donde apenas se intuye la sombra del sitio donde se encontraba. El resto sigue cogiendo polvo, en el mismo lugar.

Vecinos sin noticias

Placas las hay más gruesas, como las de la foto, y más delgadas, de aluminio, como la que encontramos en el número 36 de la calle Colom. Justamente en este edificio se halla la oficina de un administrador de fincas, así que le preguntamos si han recibido notificación de que deberían retirarla. No les suena «de nada», ni en este edificio, ni en ninguno de los que administran. 

Después llamaríamos a Esteve Martí, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, para preguntarle si tiene referencia de comunidades de vecinos que hayan recibido alguna comunicación  al respecto. «Primera noticia», responde.

Y eso que, en su momento, la decisión del Ayuntamiento causó polémica porque se explicó que el coste de estas retiradas correría a cargo de los vecinos. El consistorio también se comprometía a comunicar a los vecinos los motivos legales e históricos de esta retirada y a advertirles de las posibles sanciones. Además decían que las retirarían ‘de oficio’ si los vecinos no las quitaban pasado el plazo informativo.

A dos meses del plazo

La semana pasada, coincidiendo con los dos meses para que venza el plazo del 1 de abril, la CUP, impulsora de la moción, anunció que preguntará en el próximo pleno en qué estado se encuentra la retirada. También preguntarán si, tal como decía la moción, se actualizó el censo realizado por Memorial Democrático. Se sumaban así a la iniciativa ‘Acaba amb la placa’.
Consultados sobre el tema, ayer desde el Ayuntamiento de Tarragona no aportaron ninguna información al respecto.

Desde la CUP alertaron de que, si no se están cumpliendo los acuerdos, «no pensamos quedarnos de brazos cruzados y por eso aseguraron que «tomaremos la iniciativa de retirar todas las placas que queden a partir del 1 de abril con todas las personas y colectivos que quieran sumarse».

Otros ayuntamientos, como el de Barcelona, comenzaron en otoño pasado una retirada masiva de placas en varios distritos y se han dado como margen el próximo mes de marzo para retirarlas todas. 

En el caso de Barcelona, el Ayuntamiento no sólo las retira, sino que asume los costes. Previamente se había realizado un censo para ubicarlas y las placas retiradas se conservarán en el Museu d’Història de Barcelona. Otras ciudades, como Lleida, también pagarán la retirada.  

¿En la calle o en un museo?

Pero, ¿qué trascendencia tiene retirar unos elementos tan integrados en el espacio público que los ciudadanos apenas reparan en su existencia? Una mujer mayor que también pregunta por qué hacemos fotos de placas, de hecho, comenta en voz alta: «Pero si los jóvenes ni ven para arriba, si van todo el día pegados al móvil...».

Trasladamos la pregunta a la historiadora y profesora de la URV Montserrat Duch, una de las coordinadoras del censo de Memorial Democràtic, un estudio que, pasado el tiempo, reconoce que sería importante actualizar y ampliar. Justamente en aquel censo que todavía se puede consultar por internet, el 93% de la simbología franquista estaba en placas de viviendas. 
Duch cree que el hecho de que las placas sigan intactas en las fachadas es una muestra más del «letargo condescendiente de los partidos democráticos» al respecto. Reconoce que después del revuelo inicial que provocó la Ley de Memoria Histórica el desinterés ha campado a sus anchas en el tema. «Parece que el Procés se lo ha comido todo», dice. 

En su opinión, las placas son una «cacofonía en una ciudad democrática», pero considera que el coste de la retirada no debería repercutir en los vecinos.

Francesc Xavier Tolosana, también historiador y miembro del Fòrum de Tarragona por la Memòria, coincide en que el hecho de que las placas sigan allí es un éxito de la dictadura y una muestra del inmovilismo de los partidos que pueden hacer que las nuevas generaciones lleguen a verlo como algo normal.

La entidad, que tiene entre sus actividades la realización de visitas históricas por los escenarios de la represión franquista en la ciudad, considera que las placas deberían ser retiradas de la vía pública. En su opinión, deberían conservarse como en el caso de Barcelona, para posteriormente ser musealizadas y expuestas acompañadas de un contexto.  

El plazo del 1 de abril

Aunque los motivos de la retirada son históricos, el plazo del 1 de abril alude a la Lley de l’Habitatge de 2007 que da hasta esta fecha para retirar las placas de las viviendas que ya no son de protección oficial. Como la condición de vivienda protegida caduca a los 30 años, todas las franquistas entrarían en este lote.    

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