Una montaña de residuos abandonada en Tarragona: el Govern busca vías para eliminarlos

El cierre de la empresa papelera Iberboard Mill, antigua Abelan Catalana, ubicada en Alcover y muy cerca de Picamoixons, ha dejado abandonada una montaña de residuos junto al río Francolí. La empresa, en preconcurso de acreedores desde abril de 2024, se declaró insolvente el pasado mes de agosto y puso en marcha un concurso con varios inversores interesados.

Finalmente, en octubre, trascendió que no se había llegado a ningún acuerdo y que, por tanto, el único camino era la liquidación. La compañía interrumpió su actividad, pero lo que todavía se mantiene son los residuos que se derivaban de ella.

Son varias las entidades ecologistas que han denunciado esta situación. Hace unas semanas, Gepec, la Geneta, Francolí Net, Xarxa Sud y la Plataforma Territori Sostenible del Camp asistieron al Parlament para exponer la situación. Según sus cálculos, hay un total de 15.000 toneladas de residuos ubicadas en esa montaña. También indican que algunos están catalogados con el distintivo LER150110, lo que indica que pueden contener restos de materiales altamente contaminantes.

La cuestión que ahora preocupa es que la retirada se lleve a cabo de la forma más rápida y ágil posible. «Se ha realizado una última inspección con las diferentes unidades implicadas que se está valorando con el objetivo de iniciar las actuaciones administrativas pertinentes para que se gestionen los residuos abandonados», argumentaba recientemente, en una respuesta parlamentaria de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, al diputado de los Comuns Lluís Mijoler.

«El Ayuntamiento es el primer interesado en que se retiren los residuos con la máxima rapidez», Robert Figueras, alcalde de Alcover

«Con el objetivo de encontrar una solución, se están llevando a cabo reuniones entre el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, el antiguo titular de la sociedad, los Serveis Territorials de Tarragona y el administrador concursal para decidir el plan y el calendario de actuaciones», añadía.

«La eficacia de nuestros gobernantes es muy pobre», afirma Sisco Garcia, miembro de la entidad ecologista La Geneta: «Esperábamos unos plazos, unos objetivos, y solo nos dicen que siguen reuniéndose», añade. A estas reuniones también asiste el Ayuntamiento de Alcover.

Su alcalde, Robert Figueras, explica al Diari que el gobierno municipal «está trabajando conjuntamente con el Departament, la Agència de Residus de Catalunya y la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic». «El Ayuntamiento es el primer interesado en que los residuos se retiren con la máxima rapidez posible; y la responsable de hacerlo siempre ha sido y sigue siendo la empresa», indica. Este viernes, comenta el alcalde, hay una nueva reunión prevista. Figueras admite que, en caso de que no sea la empresa quien se haga cargo, la Administración tendría que actuar de forma subsidiaria.

En esta línea, Garcia admite que «el problema es precisamente saber quién debe encargarse de la retirada, la mayor preocupación es saber quién lo paga, ya que la empresa está en proceso de liquidación». «Nuestro criterio es que la Administración debe actuar de oficio y reclamar a la empresa, y esperamos que, mientras tanto, no venga una dana y se lleve todo Francolí abajo», remarca.

«Esperamos que no venga una dana y se lleve todos los residuos río Francolí abajo», Sisco Garcia, miembro de La Geneta

El diputado de los Comuns Lluís Mijoler añade al Diari que «el Govern tendrá que presentar un informe sobre el caso y evaluar si existen delitos contra el medio ambiente». Además, reclama «celeridad y claridad» en la retirada de los residuos: «No puede ser que el río Francolí pague las consecuencias de la dejadez de una empresa y de la falta de previsión institucional, y no puede ser que la restitución se haga con dinero público».

Años de multas

La actividad cambió de titularidad a favor de la sociedad Iberboard Mill, SL en el año 2018. Desde entonces, la Agència Catalana de l’Aigua ha ejecutado diversas actuaciones de inspección.

De acuerdo con las inspecciones ambientales integradas y las denuncias recibidas, se detectaron irregularidades en el vector de residuos, afectando al incumplimiento de la autorización ambiental, a los vertidos y abandono de residuos sin una gestión adecuada, y a la falta de medidas correctoras para la gestión de los residuos. Derivado de estas actuaciones, se han abierto los expedientes sancionadores correspondientes, dos de los cuales todavía se encuentran en trámite.

La empresa ha recibido seis sanciones en los últimos años, que van desde los 900 hasta los 20.000 euros, por irregularidades en su vertedero. La última multa, que no tiene que ver con este tema, cifra en 1,6 millones de euros la cantidad a pagar por no haber llevado a cabo la entrega de sus derechos de emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, hace años que las entidades ecologistas denuncian ruidos y olores derivados de la actividad. La Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona también abrió una investigación por vertidos de papel en el año 2015.