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Los alcaldes de La Bisbal del Penedès, Llorenç, Banyeres, Sant Jaume dels Domenys y L’Arboç, piden a los promotores que pretenden impulsar dos parques fotovoltáicos en la zona, que reconsideren su proyecto y coloquen las placas en cubiertas de empresas de polígonos industriales o en suelo industrial sin uso.
En una reunión telemática los alcaldes han mostrado el rechazo a que las extensiones de placas solares ocupen terrenos agrícolas que también supondrían un impacto paisajístico.
La alcaldes de La Bisbal, Agnès Ferré, explica que los ingenieros de las empresas aceptan estudiar un cambio de ubicación. Sin embargo los proyectos ya están solicitados y la autorización depende de la Ponència d’energies renovables de la Generalitat. Por ello cualquier modificación exigiría nuevos estudios
La empresa ABO Wind, pretende impulsar dos parques. Uno en La Bisbal de 9,3 hectáreas con 11.400 placas para producir 5.928 kWp. Otro parque estaría entre Bisbal, Banyeres, Llorenç, Sant Jaume dels Domenys y L’Arboç, con 78 hectáreas y 92.583 módulos con una potencia de 45 Mwn.
Los alcaldes lamentan que el debate y encuentro con la empresa deba producirse con los proyectos presentados y pendientes de aprobación. La alcaldesa de La Bisbal considera que «todo hubiese sido más fácil con un debate previo».
A posteriori
Los representantes municipales conocieron las intenciones de la empresa cuando se lo comunicó la Ponència d’energies renovables de la Generalitat. Ahora con el proyecto presentado, los municipios han tenido que presentar alegaciones en contra del proyecto argumentado el impacto que tendría en el territorio. Unas alegaciones a las que también se ha sumado el Consell Comarcal del Baix Penedès.
Los alcaldes proponen a la empresa facilitar parcelas en desuso de los polígonos industriales y mediar con las industrias para poder aprovechar sus cubiertas para las pacas solares. Pero hasta que no haya una resolución de la Ponència no se pueden hacer cambios.
Incluso se teme que haya escaso margen de cambios. Si la Ponència aprueba los proyectos argumentado la necesidad de esa generación de electricidad, los municipios deberían recalificar suelo agrícola y los ayuntamientos «tendrían poco margen» para oponerse.
En todo caso la Ponència ha de resolver las alegaciones y faltan informes de departamento como Medi Ambient o Urbanisme.
